Presión castrense para que se ascienda a torturadores

ISIDORO GILBERT

 

Por ahora el tour de force se libra dentro de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, porque es allí donde se deciden ascensos de militares, jueces o diplomáticos.

Pero como están las cosas, el tema amenaza ganar la calle en un contexto de intentos de sectores de las FFAA por participar más activamente en la política interna, es decir, frente a la crisis, sobre todo la social.

A algunos cuadros parece alarmarlos esta crisis, no solamente por el sufrimiento de la gente, sino porque no sea bien manejada por el gobierno o el peronismo. O que pese más la influencia de la izquierda. O que un «estallido social» supere a las fuerzas de seguridad y deban intervenir sin –dicen– estar preparadas doctrinariamente y con las armas específicas para ello.

Hay un capitán de fragata que debería ascender al grado superior, Julio Cesar Binotti, que está acusado por un sobreviviente de la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), el fotógrafo y obrero gráfico Víctor Basterra, de participar en grupos de tareas en los años del terror.

En ese centro de detención y torturas, a Basterra lo obligaron, por sus condiciones idóneas, a falsificar documentos y pasaportes para los represores o sus confidentes.

La Armada lo defiende. Hace trascender que no es por ese paso por la ESMA sino por su descollante actuación en la guerra de Malvinas, a veinte años de la rendición de los militares argentinos, algo que se recuerda estos días con profusión de artículos, memorias y algunas reflexiones.

Fotos comprometedoras

Según el bien informado periodista Horacio Verbitsky en Pagina/12, la Marina «amenaza con un acuartelamiento si el Senado no asciende a un oficial que se hizo retratar disfrazado de policía por un detenido desaparecido».

Esa foto, que fue guardaba por Basterra (que ocultó decenas de tomas a oficiales represores que sirvieron de prueba en los juicios a los comandantes entre 1984 y 1986), probaría la participación descollante del capitán Binotti como integrante de un Grupo de Operaciones Especiales que secuestró y torturó disidentes o guerrilleros supérstites de los Montoneros, que fueron asesinados o están desaparecidos.

Como era en los primeros años de la Organización Nacional, las audiencias de la Comisión de Acuerdos no son secretas, práctica que poco a poco se fue diluyendo hasta convertirse en misteriosas. Su titular, el peronista Jorge Busti, afirmó que el debate será público y ordenó a la Armada que haga comparecer al capitán cuestionado en la sesión de esta semana. La pasada, se negó a hacerlo.

Se verá si el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Joaquín Stella, se somete a la orden senatorial. O deja andar la amenaza de acuartelamiento, que es desobediencia químicamente pura.

En Argentina, tierra borgiana en la que el tiempo tiene distinta dimensión, a veces todo, a veces nada, parece una eternidad. En 1986, la desobediencia de oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos para comparecer ante los tribunales fue el grito de «ahora» para el levantamiento «carapintada» de Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín.

¿La historia se repite?

Esta presión obligó al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín y al Parlamento (con excepciones) a aprobar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a pesar de contar esos días con movilizaciones de masas impresionantes convocándolo a no ceder ante la conjura.

A esas leyes se las conoce como de impunidad; las dos, como los indultos de Carlos Menem en 1990 a los jefes del terrorismo de Estado, han sido declaradas inconstitucionales por varias instancias judiciales y debe la Corte Suprema intervenir al respecto con una legislación internacional que está incorporada a la Carta Magna, que impugna el borrón y cuenta nueva.

El Ejército presentará a la Comisión de Acuerdos a su oficial cuestionado, el teniente coronel Rafael Mariano Braga, que según el legislador de la provincia de Jujuy, el radical Normando Álvarez García, en 1976 encabezó un pelotón que irrumpió en su casa y secuestró a su hermano, entonces un dirigente gremial.

La foja de Braga es más extensa en materia de secuestros en los años de plomo.

En años recientes, el Senado –que en general se respalda en los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de otros organismos de Derechos Humanos– frenó ascensos similares.

Pagina/12 dice que en este contexto el Ejército presiona para que le permitan reimplantar el servicio militar obligatorio «y volver a desplegar la vocación policial que ya una vez condujo a las Fuerzas Armadas a la desprofesionalización y el escarnio».

Es que el Ejército sobre todo busca que se unifiquen los ministerios de Defensa y Seguridad para permitir a los uniformados intervenir en asuntos internos.

Por ahora, el presidente Eduardo Duhalde desestimó este reclamo. Pero lo que ocurre «revela los riesgos que corren las instituciones si no se pone coto en forma decidida a estas pretensiones inaceptables», sostiene el matutino.

Así están estas cosas. *