Treinta años atrás comenzaba el "Watergate"

A las 2 de la mañana del 17 de junio de 1972, alertada por un sereno intrigado por puertas bloqueadas con cinta adhesiva, la Policía incautó las herramientas y la libreta de direcciones de uno de los intrusos, y le dio pistas que la condujeron directamente al responsable de la campaña para la reelección del presidente republicano Richard Nixon, organizador de la operación de espionaje.

Dos años después, este caso de «hurto de tercera categoría», según la expresión de un portavoz de la Casa Blanca de la época, se convirtió en el mayor escándalo de la historia política contemporánea de Estados Unidos, cuyas repercusiones aún se sienten a comienzos del siglo XXI.

El 8 de agosto de 1974, Richard Nixon fue empujado a dimitir –después de haber intentado tapar primero, y negar luego, el episodio–, al término de varios meses de investigaciones legislativas y penales y mientras se sustanciaba un procedimiento de destitución.

Mientras tanto, los legisladores erigieron una serie de limitaciones al poder presidencial: la obligación de consultar al Congreso antes de declarar una guerra, que fueron eludidas por los sucesivos presidentes, la institución del procurador independiente, desaparecida en 1999, e incluso límites al financiamiento de las campañas electorales, que se revelaron tan poco eficaces que el Congreso debió aprobar nuevas medidas en marzo último.

Un éxito parcial, que condujo a un experto de la Brookings Institution, Stephen Hess, a considerar que la herencia de Watergate se «diluyó, evaporó, olvidó».

Eso no impide que este caso, emblemático del imperativo moral en política, siga siendo el punto de referencia ineludible para los analistas.

Desde hace treinta años, cada caso de cierta amplitud que amenaza al poder es invariablemente bautizado con el sufijo «gate»: el Irangate bajo Ronald Reagan, el Filegate o el Travelgate bajo Bill Clinton.

El neologismo Enrongate no llegó a cuajar, pero el gobierno de Bush se enfrentó en ese caso de quiebra resonante, en la que se mencionó al vicepresidente Dick Cheney, a las mismas exigencias de transparencia y veracidad que los que le precedieron.

La prensa, que conoció sus horas de gloria con el Watergate y la investigación realizada por los periodistas del Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein, es particularmente exigente en lo que respecta al tema de la transparencia.

«La lección para los dirigentes gubernamentales es evidente: sean claros, digan la verdad», afirmó esta semana Bob Woodward en la revista Editors and Publishers, aunque admitió que, cuando investiga a los políticos, la prensa «parte a veces del principio de que son culpables».

La opinión pública estadounidense, que tuvo a su disposición decenas de trabajos sobre Watergate, parece seguir interesada en él. Los Archivos Nacionales decidieron saciar su curiosidad exponiendo brevemente este jueves ante la prensa las pruebas materiales presentadas durante el proceso contra los intrusos de Watergate, incluyendo la libreta de direcciones de uno de ellos, que contenía el número telefónico de un asesor de la Casa Blanca.

La publicación en línea Salon.com, anunció que un asesor de Richard Nixon, John Dean, estaría en condiciones de develar el lunes el nombre de «Garganta profunda», la fuente anónima que suministró detalles a los periodistas del Washington Post y que sigue siendo el último misterio de este caso. *