La lucha contra las privatizaciones, de norte a sur

NIKO SCHVARZ

 

Decíamos ayer que el pueblo paraguayo había alcanzado una significativa victoria en la lucha contra las privatizaciones y en defensa del patrimonio estatal, al lograr que el gobierno de González Macchi diera marcha atrás en la privatización de la empresa telefónica estatal Copaco (Compañía Telefónica de Comunicaciones), que ya tenía fecha fijada para el 14 de junio. Es un ejemplo de la brega que se viene librando de norte a sur del continente contra los planes de enajenación de las empresas públicas, uno de los puntos fundamentales de la receta única que el Fondo Monetario Internacional pugna por imponer en toda América Latina.

La venta de Copaco era la primera de una serie de privatizaciones de empresas estatales acordada por el gobierno paraguayo con el FMI como condición sine qua non para que el país accediera a créditos externos. Contra esto se desarrolló una marcha campesina que convergió desde diversos puntos del Interior sobre la capital. Varias rutas fueron cortadas durante dos semanas, al tiempo que las centrales sindicales decretaban un paro general para el jueves 6. las marchas campesinas enfrentaron una sangrienta represión cuando traspasaron una barrera policial cerca de la ciudad de Coronel Oviedo, a 140 kilómetros de Asunción, y luego prosiguieron su marcha hacia el centro de la capital, donde se unieron a la demostración de los obreros en huelga. El mismo jueves 6 el presidente González Macchi suspendió la privatización, decisión refrendada esa noche por el Congreso (que ya había otorgado media sanción a la ley en su rama baja).

El dirigente campesino Estanislao López calificó este hecho como «una conquista histórica» porque «la receta del imperialismo fue atajada y se forzó al gobierno a rechazar la privatización», mientras el ministro de Hacienda James Spalding indicaba que el FMI suspendía el crédito de contingencia (stand by) a Paraguay. Al celebrar su logro, que pone en cuarentena todo el plan de privatizaciones del gobierno, campesinos y obreros anunciaron que seguirán la lucha hasta lograr en el congreso la derogación de la ley marco de privatizaciones; y a la vez, el rechazo de un proyecto de carácter represivo rotulado (en clave de Bush) como «ley antiterrorista». La magnitud de la protesta social obligó al tambaleante gobierno de González Macchi (que tiene pendiente un juicio político por corrupción) a rever uno de sus objetivos primordiales.

Más de dos mil 500 maestros y trabajadores de la enseñanza en Honduras repudiaron la presencia de una delegación del FMI que llegó al país para revisar las finanzas y el cumplimiento del plan económico neoliberal del presidente Maduro. Con las consignas de «Fuera el Fondo», «No al paquetazo» y «Cuidado con la Argentina», los educadores expresaron su oposición a las orientaciones del FMI y promovieron acciones contra la aplicación de sus directivas.

En México, el Sindicato de Trabajadores de la Educación –uno de los sindicatos más poderosos de América Latina– está en lucha mediante paros y marchas en el DF y distintos estados en procura de aumentos salariales, contra las políticas restrictivas del presidente Fox. En Perú, los principales gremios desarrollan jornadas de protesta con el lema de que el presidente Alejandro Toledo «cambie el rumbo de su política económica», y la mayor central obrera, la Confederación General de Trabajadores del Perú, enfrenta el proceso privatizador en que está empeñado el gobierno desde sus inicios.

La organización sindical reiteró sus reclamos de no privatizar las empresas estratégicas, de reponer a los trabajadores despedidos durante la década del gobierno del autoexiliado Alberto Fujimori (1990-2000) y de renuncia del ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. Este llegó al Ministerio desde un alto cargo en el FMI, y es de hecho un representante del Fondo que opera en el gabinete peruano. No es el único caso, por otra parte.

En Ecuador, los movimientos campesinos, obreros, estudiantiles y los de unidad plurinacional que agrupan numerosas etnias (como el multicolor pachakutik – Nuevo País), convergieron en las movilizaciones de masas que forzaron la dimisión del presidente Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000, donde se destacó el coronel Lucio Gutiérrez, y siguen en lucha por una plataforma enfilada contra el neoliberalismo, las privatizaciones y la dolarización impuestas al país por presión directa del FMI.

Resulta obvio recordar que la situación de prolongada agonía en que se encuentra la Argentina, sin visos de salida, es consecuencia de haber seguido al pie de la letra las instrucciones del FMI, principalmente en cuanto a la venta del patrimonio estatal. Hoy es el mismo Fondo el que le impone la legislación que debe aprobar y la que debe derogar, llámense ley de quiebras, ley de subversión económica, firma por parte de todas las provincias del compromiso de reducir el déficit fiscal, etc.

Todo esto reduce a su mínima expresión el ejercicio de la soberanía nacional. Así, puede decirse que el Fondo sostiene a la Argentina como la cuerda al ahorcado. Si no cumple hasta el final sus exigencias –y para comprobarlo aterrizan vuelta a vuelta los veedores del Fondo en Buenos Aires– éste no abre los cordones de la bolsa.

La lucha contra esta política económica, y en particular contra el malbaratamiento del patrimonio estatal, recorre nuestra América. Existe una conciencia creciente en cuanto a la identificación del enemigo, paso previo insoslayable para el diseño de las propuestas alternativas, que es el compromiso común que unifica a las fuerzas avanzadas y progresistas del continente. *