Estado de Sitio en Bolivia

Volviendo a la época en que era dictador (agosto 1971-julio 1978) tras derrocar en forma sangrienta al gobierno progresista del general Juan José Torres, el presidente Hugo Banzer mantiene desde el viernes el estado de sitio y sacó al ejército a la calle para enfrentar una oleada de protestas del movimiento campesino, sindical, popular y estudiantil. El conflicto social se ha extendido como un reguero de pólvora, y desde ayer se agregó el paro general decretado por la COB.

Escrito por: Escribe: Niko Schvarz

La depresión se desató en todo el territorio, principalmente contra los campesinos que bloquearon las carreteras en cinco de los nueve departamentos del país (La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí) y ya cobró seis víctimas mortales entre campesinos, estudiantes y un capitán. Asimismo fueron confinados en el Oriente 25 dirigentes campesinos y obreros y hay otros 41 detenidos. Siguen en La Paz y otros lugares los duros enfrentamientos de la tropa contra estudiantes y fuerzas populares que reclaman la vigencia de las libertades públicas. Diputados realizan una huelga de hambre con el mismo objetivo, al tiempo que se anuncian movilizaciones de los maestros. La derogación del estado de sitio es hoy un clamor nacional.

Bánzer es ducho en menesteres represivos. Echó por tierra al régimen del general Torres, que llegó al Palacio del Quemado con apoyo popular. Después, en 1976, lo hizo asesinar en Buenos Aires, en un proceso paralelo al que desató Pinochet contra sus opositores: Prats en la capital argentina, Letelier en Washington, Leighton en Roma. (En el sepelio de Torres en el Panteón de Dolores en Ciudad de México habló Carlos Quijano). En junio de 1997, Bánzer se las ingenió para llegar nuevamente al gobierno con apenas el 22% de los votos, tras una negociación en el Parlamento con el MNR, el MIR, la Unión Cívica Solidaria y Conciencia de Patria.

La gota que desbordó el vaso

La cólera popular estalló en Cochambamba cuando el consorcio internacional Aguas del Tunari, que encabeza la empresa International Water Ltd. con sede en Londres, pretendió imponer un aumento inmediato del 30% en las tarifas en relación con un proyecto de ampliación del abastecimiento. Esto fue el disparador. Se desataron huelgas obreras, bloqueo de calles, manifestaciones diarias, se levantaron barricadas en barrios populares para enfrentar la represión. La Coordinadora del Agua de Cochabamba, surgida en medio de la lucha, organizó las movilizaciones.

Por su parte los campesinos, dirigidos por su aguerrida Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, bloquearon las carreteras con piedras y troncos en rechazo a un proyecto de ley de aguas del gobierno, que impone elevadas tasas por el uso del recurso. En plena vigencia del estado de sitio, se informaba que “10 mil campesinos armados de palos y machetes ocuparon la Plaza de Armas de Cochabamba para demandar que el gobierno rectifique una ley denominada de Saneamiento Básico y Alcantarillado, que privatiza la distribución de agua en las comunidades campesinas indígenas”. La represión contra estos sectores se extendió a las comarcas aymaras de Achacachi y Batallas.

El gobierno, por medio del ministro de Información Ronald MacLean (vocero de Bánzer) acusó a estos movimientos de estar financiados por el narcotráfico.

La tierra y los salarios

Los campesinos exigen al mismo tiempo que se deje sin efecto una polémica ley de reforma agraria (en realidad, de contrarreforma agraria), que facilitaría la concentración de la tierra en pocas manos. La política gubernamental en esta área consiste, en síntesis, en gravar con fuertes impulsos la tierra y el agua.

Se ha dicho que “un explosivo cóctel de protestas había virtualmente acorralado al gobierno” en el último período. Tanto más desde que se sumó el amotinamiento de varios regimientos policiales en La Paz, en demanda de aumento salarial. Vimos las imágenes de estos policías clamando por sus “míseros salarios” (de 400 bolivianos, equivalentes a 70 dólares) y reivindicando una equiparación con el ejército. Sus esposas hicieron huelga de hambre apoyando el reclamo. A ello se sumó otra huelga de hambre de los universitarios de Sucre, la capital legal del país, por la derogación del estado de sitio, al tiempo que el comité cívico del sureño distrito de Tarija declaraba al presidente Banzer “persona no grata”. Contra los universitarios se dispararon gases lacrimógenos y balas de goma, con saldo de 6 heridos y un muerto, y ayer seguían los enfrentamientos.

Simultáneamente, el gobierno quiere aprovechar esta coyuntura para imponer una ley de flexibilización laboral, que redunda en rebaja de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo.

Paro general contra el neoliberalismo en acción

En suma, en Bolivia no se hace otra cosa que utilizar la represión para aplicar la receta única del neoliberalismo, como se está haciendo a lo largo de todo el continente. Días pasados lo veíamos en particular en los casos de Ecuador y Costa Rica, pero reviste un carácter general.

Se ha recordado que el anterior gobierno de Sánchez de Losada había enfrentado el mismo cuadro: bloqueo de rutas, piquetes, huelgas de hambre, toma de minas y paros, y que los reclamos de los manifestantes eran similares: mejoras salariales y una revisión de la receta económica neoliberal, seguida por los últimos gobiernos sin excepción.

Un dirigente campesino dijo que continuarían bloqueando las carreteras porque “la situación es insostenible”. La desocupación abierta se elevó al 26%. El índice de pobreza afecta al 69.8% de la población, y el Banco Mundial reportó que el 97% de la población rural vive en la pobreza.

Como un reguero de pólvora

Ante este cuadro, la central obrera COB convocó a un paro general de carácter nacional, que comenzó el miércoles 12. Los policías lograron un aumento de sueldo del 50%.

El gobierno cedió parcialmente a las demandas y prometió modificar la ley de aguas e indemnizar a los familiares de los muertos y a los heridos. Pero la represión se mantiene. La lucha prosigue y se extiende, por las demandas planteadas y el levantamiento de las medidas de excepción. A este reclamo se unieron en las últimas horas las agrupaciones cívicas de Santa Cruz (la zona más pujante del país), las organizaciones de la pequeña industria y las cooperativas mineras, el Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (Cioec-B) así como el sindicato de periodistas de La Paz.