Un sentimiento anti FMI en la calle

ISIDORO GILBERT – CORRESPONSAL EN ARGENTINA

 

Esa presión permitió crear el clima para que la Cámara alta, gracias al voto de desempate de su titular del Senado, el peronista Juan Carlos Maqueda, derogara la ley que perturba tanto al FMI desde que banqueros amigos están detenidos o procesados sospechosos de alentar la fuga de capitales que derivó en el presente y descomunal crisis.

El trámite parlamentario, sus idas y vueltas por las dos cámaras donde se debatió una cosa y se terminó votando otra, desnuda la profunda confusión de la elite política gobernante. Llegó finalmente otra vez al Senado con el auxilio radical y su ahora sistemático doble discurso.

Por un lado habilitó quórum para el debate si no la ley se mantenía, por el otro fustigó la derogación, pero una senadora de la provincia de Río Negro, se levantó para permitir que por la aritmética y el apriete mas no la política, la ley se derrumbara aunque algunos capítulos de ella fueron incorporados al Código Penal, una concesión que parece que al FMI no convence.

El gobernador de Río Negro, moroso con sus empleados, rehén del gobierno central, hizo el trabajo sucio de sacar de la votación a la legisladora Amanda Isidora, pero no fue disuadido por la conducción partidaria.

No fue una decisión sorpresiva: la conocían los periodistas parlamentarios antes que comenzara el debate en el recinto. Pablo Verani se justifica: «Entre la lealtad al partido o a la Patria en peligro, no tuve dudas» le dijo al ministro del Interior, Jorge Matzkin, el operador de este embrollo. No quedará en el bronce como un patriota, precisamente.

Vale detenerse en algo más ilustrativo, en la historia del bipartidismo. En 1989 cuando Raúl Alfonsín debió anticipar su mandato a Carlos Menem, en el Parlamento, peronistas y radicales actuaron igual.

En cada debate la UCR se rasgaba las vestiduras y luego ordenaba quiénes de los suyos debían mantenerse en el recinto para facilitarle a Menem leyes, no cualquiera, aquellas que permitieron la ingeniería del andamiaje menemista: impulsar el final de todas las privatizaciones, la apertura indiscriminada que desmoronó la industria local, las desregulaciones que dieron piedra libre al gran capital, el predominio del sistema financiero bajo control de la banca foránea cuyas consecuencias hoy han estallado.

Más tarde llegó el Pacto de Olivos que santificó esta manera de garantizar la gobernabilidad. Con Fernando de la Rúa, el justicialismo hizo lo mismo: protestaba pero ponía los senadores necesarios para que el gobierno de la Alianza pudiera, siempre lo mismo, acordar con el FMI con decisiones antipopulares.

El organismo internacional reclamó la derogación de aquella norma igual que la modificación de la Ley de Quiebras, ya consumada. Ahora resta que la provincia de Santa Fe firme el compromiso de ajuste fiscal para que pueda reanudarse la negociación con el FMI en busca de una asistencia que quedó congelada desde que cayó en diciembre el gobierno de De la Rúa.

Sólo oxígeno para el presidente

Duhalde lo reitera: sin el FMI no hay destino en el mundo de hoy y tiene sobrados motivos para mostrar la urgencia que muestra: es que los gobernadores de su partido lo condicionaron con la plataforma neoliberal que ahora suplanta el siempre etéreo programa peronista de la soberanía económica y la justicia social.

El lunes en La Pampa le dieron la oportunidad para que exhibiera liderazgo para hacer aprobar la ley de la discordia. No convenció a la mayoría de los caciques porque finalmente debió recurrir a un ardid para conseguir el objetivo: los caudillos le reprochan que la relación con el radicalismo es confusa, que el contradictorio discurso de la desperdigada Unión Cívica Radical: no asegura previsibilidad para cada paso grave que se debe adoptar.

Los radicales replican: ellos defienden el mandato legal del presidente, pero no quieren ir a la zaga de cada una de sus decisiones, aunque, se ha visto, en momentos de tensión máxima, no serán ellos los que bajarán el dedo.

No opinan lo mismo los hombres de Alfonsín del peronismo disidente, ocho senadores nacionales que por un pelito no naufragaron la propuesta abolicionista que podría dar libertad a banqueros presos o procesados y detenidos.

La detención de Carlos Félix Pando Casado, otro banquero del Banco General de Negocios (lo está el jefe del mismo, Carlos Röhm y su hermano José, prófugo), casi a horas de que la ley se derogara luce a demostrar que la oposición exageró el carácter de impunidad que se le dio a la muerte de la ley de subversión.

Los hombres de la SIDE actuaron en el momento preciso ya que conocían cada paso del prófugo, pensando que se derrumbará e implicará mucho más a Röhm de lo que está ahora, y con eso permitir que continúe detenido, abortando la acción de los abogados defensores del banquero. «Es para salvar la ropa ante la opinión pública», afirman en la oposición sistemática. Habrá que ver si esto no es leído por el Fondo como un ardid.

Siempre hay un pero

Por lo pronto la constitucionalidad de la derogación está cuestionada y el propio FMI mandó decir que tenía algunas dudas sobre su legalidad. Es lo que opinan los juristas del ARI que en la semana elevarán un recurso judicial pidiendo la nulidad de la ley de marras con dos argumentos: ha sido lograda bajo «coacción» impidiendo la libre voluntad de los legisladores (en el debate varios justicialistas fundamentaron su postura en las presiones del Fondo) y porque no garantiza justicia, tema clave de la carta magna.

Algo más sobre el peronismo disidente. Los radicales, y Duhalde también, están convencidos que los «tránsfugas» están enrolados en corrientes que buscan antes que después se anticipen los comicios, para que un gobierno legítimo, amén de legal y afín a lo que profesan, recree al poder. Algo parece firme: cada funcionario vinculado a algunos de esos senadores perversos, deberá irse de urgencia de sus cargos.

Si el peronismo quiere efectivamente llegar a un acuerdo con el FMI, no debería bloquearle los movimientos al presidente, ni éste amenazar con su dimisión. Hoy ese paso daría lugar a comicios anticipados y difícilmente el Fondo va a querer cerrar un acuerdo con un gobierno que se está yendo.

Después de ese hipotético trato con el FMI el gobierno se sentiría en condiciones de plantear una salida electoral ordenada, cuya meta podría ser el próximo verano y no setiembre de 2003 como inicialmente había declarado Duhalde, que, aunque no lo diga públicamente, parece convencido de eso ante la disgregación que sufre su poder y el del peronismo.

La situación social se agrava aceleradamente y los «mercados» no dan tregua –aduciendo falta de confianza– con la cotización del dólar, que trepa diariamente. En gran parte es una consecuencia de que los exportadores no liquidan sus divisas y parecen hacerle pito catalán a las puniciones con que son amenazados, si siguen en esa tesitura.

Eso impacta sobre la inflación y sobre el poder adquisitivo de la población, lo cual llevó a la CGT (pero también a un ala del gobierno) a plantear una recomposición salarial. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, ha pedido que de ese asunto ni se hable hasta que exista alguna certeza de un acuerdo con el FMI. Advirtió que, de lo contrario, podrían abrirse las puertas a una hiperinflación.

El tema salarial es tan clave como la desocupación y la extrema pobreza. Se anticipa ya que en junio la desocupación oscilará por el 25% y que los índices de pobreza superarán el 50%. Pero el drama tiene más lecturas.

Lo que abruma al viejo sindicalismo es que
necesita de oxígeno para no seguir perdiendo la batalla con la Central de Trabajadores Argentinos, que con la movilización del miércoles, sacó carné de representativa de la nueva realidad social (desocupados y desamparados), campo donde el peronismo era imbatible.

Para la ultraderecha fue un ensayo insurreccional. No lo cree así, por lo menos la Secretaría de Seguridad que se negó a reprimir como pidieron algunos gobernadores: su titular prefirió conversar con la CTA los límites de la movilización.

Una derecha advertida

La política argentina tendrá ahora otro protagonista, en el campo del poder económico. El nucleamiento de los grandes empresarios instalados en el país, AEA (Asociación Empresaria Argentina), que vio la luz el martes último, aspira a influir para que los relevos inevitables que se avecinan no tomen caminos que desprecian. Saben que hay una mutación social inducida por la propia catástrofe de la crisis de desconfianza en las bondades del capitalismo y el papel deletéreo del FMI.

Otra voz de la derecha, el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, llamó a una cruzada para erradicar los enconos con la economía de mercado y el Fondo, que llegan a niveles más altos incluso que en los tempestuosos 70, tiempos de reclamos antisistema.

Hay más: el ministro de Defensa, el radical Horacio Jaunarena, reflota la idea de que las FFAA participen de la seguridad interna, quebrando la normativa que desarticuló la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Dentro del menemismo hay hombres criteriosos que antes de lanzarse realmente a volver a instalar al ex presidente (ahora con un 86% de imagen negativa) están midiendo el sentimiento cualitativo de la opinión pública.

Carlos Menem está en campaña empíricamente; puede creer que el empresariado concentrado y ahora reorganizado como factor de poder, se pondrá a su servicio, criterio que no es compartido por importantes hombres de negocios aquí y en los EEUU que creen que el ex es parte del problema y no la solución.

En este desplazamiento de influencias y de fisura del discurso único se hace carne la necesidad de renovar toda la elite gobernante, desde el Ejecutivo hasta el último concejal.

El mismo Alfonsín pedirá modificar la ley de acefalía para que en caso de dimisión del presidente, la Asamblea Legislativa sólo pueda colocar en el Ejecutivo a un funcionario para que llame a comicios. Pedirá el ex presidente la dimisión colectiva de los legisladores nacionales para ese momento, y que mediante un Pacto Federal con las provincias, todas adhieran a esa renovación de cuajo. En el peronismo la idea avanza también, pero el cómo concretarlo sin una constituyente, no parece legalmente posible ya que la Constitución no resiste el sistema de enmiendas, como la de los EEUU, por caso.

No es improbable que estos arrebatos quieran recomponer el desprestigio de la elite política, acaso con el criterio del Conde de Lampeduza que proclamaba cambiar todo para que nada cambie que no es el sentido del grito callejero de que se vayan todos.

Y si la negociación con el FMI se inicia, hay un largo y tormentoso camino antes que alumbre un acuerdo que para el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, será más de los mismo. *