Estado de sitio en Bolivia

«Nos vemos en la obligación, en aras del bien común, de decretar el estado de sitio para precautelar el estado de derecho», dijo Banzer en un mensaje leído en el palacio de gobierno por el ministro portavoz, Ronald MacLean.

Anadió que la medida, que regirá por 90 días, fue dictada el viernes a la noche «para evitar que los esfuerzos de diálogo social se vean perjudicados, para que el gran esfuerzo de la reactivación económica no sufra más retraso».

El mensaje presidencial y el decreto de estado de sitio fueron presentados en conferencia de prensa a las 11.00 horas (15.00 gmt), cuando ya era evidente un fuerte deplazamiento militar y policial para reabrir carreteras bloqueadas por campesinos y detener a diversas actividades cívicas, sindicales y estudiantiles.

MacLean confirmó que al menos una veintena de personas había sido detenida y el ministro de gobierno, Walter Guiteras, dijo minutos después que serían confinadas en algún lugar del país.

Banzer se convirtió así en el cuarto presidente democrático consecutivo de Bolivia que se ve forzado a dictar el estado de sitio para aplacar la convulsión social. Sus antecesores, Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada tampoco pudieron contener las protestas sin la medida de excepción. «El caos empezaba a cundir… justo en el momento en el que comenzamos un importante plan de reactivación económica», argumentó Banzer en su mensaje, senalando como causa de fondo de los problemas de la pobreza nacional.

Un explosivo cóctel de protestas había virtualmente acorralado al gobierno boliviano en la última semana, incluso después de que el mismo Banzer amenazara el pasado martes con la medida de excepción.

El conflicto mayor era una huelga con bloqueos de calles y manifestaciones que por cuatro días convulsionó a la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, en un problema originado en el rechazo de amplios sectores a un multimillonario proyecto de agua potable que conllevaría un alza de tarifas.

La medida de excepción sobrevino en medio de un caos informativo sobre el estado de ese proyecto, superado el sábado con el anuncio de MacLean de que el gobierno ratifica el correspondiente contrato con el consorcio internacional Aguas del Tunari, que encabeza la empresa International Water Limited con sede en Londres. Otro problema creciente era el bloqueo de las carreteras de cinco de los nueve departamentos, que durante cinco días realizaban sindicatos campesinos en rechazo a un proyecto de ley de aguas que impondría tasas por el uso de ese recurso.

A estas protestas se sumaron una huelga de hambre de universitarios en Sucre, la capital legal del país, una declaratoria de «persona no grata» que recibió Banzer de parte del comité cívico del sureno distrito de Tarija. También otro ayuno voluntario de esposas de policías que piden mejoras salariales y, en las últimas horas, el amotinamiento de varios regimientos policiales de La Paz.

El presidente de la influyente asamblea de derechos humanos, Waldo Albarracín, dijo a reporteros que no veía motivos suficientes para justificar el estado de sitio. «Ahora esperamos que esta situación no devenga en atropellos a los derechos humanos», declaró. Según la Constitución, el estado de sitio debe ser ratificado por el Congreso, que ha sido convocado para una sesión bicameral extraordinaria el lunes.