Las declaraciones del general Wilhelm

El general de Infantería de Marina Charles Wilhelm, comandante en jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (que abarca el Caribe, América Central y América del Sur, en total 32 países), visitó el 30 de marzo la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Uruguay, en el curso de una gira que lo lleva a las principales capitales de la región para promover los planes de su gobierno sobre el conflicto colombiano.Con idéntico objeto está desarrollando un periplo paralelo el general Barry McCaffrey, que se hace denominar el "zar de la lucha antidroga".

Contradiciendo al presidente Pastrana

Tras un breve exordio sobre sus relaciones con el Congreso, el general Wilhelm entró en materia descalificando rudamente a las FARC. Dijo que “en Colombia hay organizaciones criminales que parecen ejércitos. Son grupos de hasta quince mil personas armadas”, acusándolos de corromper a la policía y a los poderes judiciales y de intimidar a los funcionarios locales (página 3 de la versión taquigráfica de la Comisión de Defensa).

Esta caracterización se contrapone frontalmente a la del presidente colombiano, quien sostuvo en oportunidad: “Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo, y la confrontación de la guerrilla contra un modelo económico, social y político que considera injusto, corrupto y auspiciador de privilegios” (Andrés Pastrana, “El Plan Colombia, una gran alianza con el mundo contra el delito internacional, por los derechos humanos, los derechos sociales y por la ecología”, Imprenta Nacional, Santafé de Bogotá, mayo de 1999, pág. 76).

Solución militar, enfrentada a diálogo de paz

El jefe del Comando Sur defendió a ultranza la solución militar para el conflicto colombiano, y en particular el paquete de ayuda militar que la Cámara de Representantes de su país estaba votando en momentos en que declaraba ante la Comisión del Parlamento uruguayo.

Admitió la existencia de otra vía, pero la rechazó de plano. Dijo: “Existe una vía directa hacia un acuerdo negociado, pero lamentablemente yo no creo eso (pág. 7 de la versión taquigráfica, subrayado N.S.).

Esta aseveración contradice el anhelo profundo de la sociedad colombiana en todos sus estratos y de todas las fuerzas democráticas del continente, que valoran positivamente los procesos de solución negociada que condujeron a la pacificación de El Salvador y de Guatemala. La magnitud del respaldo a la solución política se refleja en la visita efectuada a la zona de distensión por los ejecutivos de la bolsa de New York, de grandes firmas norteamericanas así como de empresarios colombianos, augurando éxito al diálogo de paz ya empredido y con agenda fijada.

Sobre los 1.600 millones de dólares destinados a Colombia (cifra que confirmó), el general Wilhelm sostuvo “que la mayoría de los fondos que se han propuesto dentro de este plan no son para fuerzas o fines militares” (página 7 de la versión taquigráfica).

Pero existen evidencias en contrario. “El 80% de la asistencia a Colombia prometida por la Casa Blanca consiste en equipos militares y entrenamiento castrense para dos nuevos batallones antidrogas –además del entrenado el año pasado–, asistencia a la Policía, 30 modernos helicópteros Black Hawk y 33 de tipo Huey” (crónica de El Observador del 30 de marzo sobre el debate de la Cámara de Representantes, según AFP). El demócrata David Obey advirtió allí sobre un riesgo de vietnamización del conflicto en que Estados Unidos se viera arrastrado a un involucramiento creciente.

13 millones de drogadictos en EEUU

En respuesta a preguntas del presidente de la Comisión, Walter Vener, y de los diputados José Bayardi y Carlos Baráibar, el general Wilhelm reconoció la existencia de 13 millones de consumidores crónicos de droga en EEUU (página 9), agregando que la reducción de su número era tarea del general McCaffrey. No hizo referencia a los métodos que se habrán de utilizar para evitar la entrada de la droga por aire, mar y tierra al territorio de los Estados Unidos y la infección del cuerpo social norteamericano por las mafias del narcotráfico, que mueven 187 mil millones de dólares por año.

El Comando Sur, según informe de su jefe, se trasladó de Panamá a Miami en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter de 1977, que determinaron el retorno a la soberanía panameña de todas las bases militares del Canal. Entre ellas la que albergaba la Escuela de las Américas, centro de contrainsurgencia donde se formaron decenas de dictadores y se adoctrinó a millares de oficiales de los ejércitos latinoamericanos en la doctrina de la seguridad nacional.

El pasado lunes la CNN informaba de una manifestación de latinos en Washington reclamando el cierre definitivo de dicha Escuela de las Américas por su condición de “escuela de dictadores y de torturas”.

Por último, el general Wilhelm habló de la coordinación y de la división de tareas entre las fuerzas armadas de su país y los ejércitos del continente, así como del asesoramiento y equipos que las primeras podrían proveer. A esta altura el diputado Ricardo Falero preguntó: “¿Sin costo para el país?” La respuesta provino del embajador norteamericano en Montevideo, Christopher Ashby: “Todo cuesta algo” (página 11).

Un comunicado de las FARC

Ese mismo día, las FARC enviaban una carta abierta al Congreso y al pueblo de los EEUU llamando a no dar aprobación al proyecto de ayuda militar a Colombia promovido por el presidente Clinton. Señalaban, entre otros conceptos, que los millones de dólares irían a parar “a manos de un ejército que como el colombiano se ha destacado en la violación de los derechos humanos y como promotor de los paramilitares, que no sólo masacran a la población civil indefensa sino que también envían toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”.

Fechado el 29 de marzo en las montañas de Colombia, el comunicado se cierra precisamente con un parte militar sobre la acción efectuada por uno de los bloques de las FARC-EP cuatro días antes en Vigía del Fuerte y Bella Vista, departamentos de Antioquia y Chocó, respectivamente.

A la información de carácter militar el parte agrega una fundamentación que conviene conocer, dado que los operativos de este tipo son objeto de una tergiversación informativa sistemática. Dice así: “Esta acción es una respuesta a los múltiples crímenes y atropellos de los paramilitares y sus aliados, la policía de Vigía del Fuerte, contra la población civil indefensa del Río Atrato. Nunca el Estado prestó auxilio a miles de pobladores ultrajados por los paramilitares y mucho menos prestó atención al clamor popular que exige el levantamiento del bloqueo en alimentos y combustibles que los paramilitares (entre los cuales se encuentra el alcande de Vigía del Puerto, Pastor Daniel Pérez), la Armada Nacional y la policía mantienen conjuntamente sobre comunidades negras del Atrato y sus afluentes”.