Los militares quieren el caso de los niños robados

La decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (tribunal militar) de declararse competente para tratar los juicios contra miembros de las Fuerzas Armadas jubilados, por el secuestro de niños en cautiverio donde fueron asesinadas sus madres, sacude a distintos sectores políticos y debió ser abordado en la reunión del gabinete nacional.

Al concluir el encuentro, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, dijo que para el gobierno la competencia en las causas por sustracción de bebés es la civil, de acuerdo a la novena regla de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 24.820), con jerarquía constitucional, que excluye a la jurisdicción militar expresamente.

De todos modos serán los jueces los que resuelvan esta cuestión, aunque existe ya jurisprudencia que excluye a los militares la posibilidad de juzgarse a sí mismo. Sin embargo, el ministro de Defensa Ricardo López Murphy defendió en un interviú en el diario Página/12 su decisión de no intervenir cuando el Consejo Supremo reclamó a la Justicia civil las causas por el robo de bebés durante la dictadura, aunque dará instrucciones al fiscal de ese tribunal para que apele ante la Justicia civil la decisión del Consejo Supremo.

Repudios

El Partido Socialista Democrático, que integra la Alianza gobernante, expresó su alarma y preocupación ante la pretensión del Consejo Supremo de arrogarse facultades judiciales que no le competen y el secretario general de ese partido, el diputado nacional Alfredo Bravo, consideró «inquietante» que el Ministerio de Defensa no se haya pronunciado «tajantemente para frenar esta burda maniobra de ciertos nostálgicos del proceso» dictatorial.

Este partido y las organizaciones defensoras de derechos humanos y, por lo que se sabe, numerosos diputados nacionales de la Alianza reclaman el relevo de todo los miembros de ese Consejo «por complicidad con la torpe dilatoria de los procesados».

Es también la opinión de Alberto Pedroncini, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo y estratega de la querella de los damnificados que defienden la idea de que los militares se asociaron ilícitamente para aplicar un plan sistemático de robo de niños y de crímenes a sus madres. Esta es la hipótesis de trabajo del juez federal Adolfo Bagnasco que tiene procesados y con prisión preventiva a una decena de altos oficiales de la dictadura, entre ellos, Jorge Videla e Emilio Massera.

Fuentes confiables comentaron a este corresponsal que el encuentro ministerial fue algo tenso, donde López Murphy no quedó bien parado, no porque él no crea que el caso debe quedar en la Justicia civil, sino por el mal manejo de esa provocación de los dinosaurios de las FFAA.

Es probable que Fernando de la Rúa emita una declaración en los términos en que el ministro de Justicia comunicó la posición oficial y qué medidas se arbitrarán para devolver tranquilidad, especialmente a los directamente damnificados.

El drama de los años de plomo va y vuelve.

A este impactante hecho, que se suma a la amplia repercusión que ha tenido aquí la noticia de que el poeta Juan Gelman, acaso el más grande entre los argentinos, encontró a su nieta, se añaden noticias de otro sesgo.

En un programa de TV una candidata a diputada porteña en la lista de Domingo Cavallo se lamentó por que Videla estuviera preso.

El ex ministro de Economía que busca ser el jefe del gobierno de esta Ciudad, y que colaboró con la dictadura, declaró que estudia remover a Elena Cruz, una actriz menor, de su lista de candidatos a legislador local.