Guerra "antiterrorista" de Pastrana y Bush también ataca derechos civiles

Una recompensa en dinero también fue ofrecida por el presidente a cambio de informaciones para capturar a miembros de las FARC. No así a paramilitares, ya que las bandas asesinas de Carlos Castaño (huésped frecuente de los canales al servicio del régimen) actúan en connivencia con las Fuerzas Armadas, y sin duda lo seguirán haciendo en los marcos de la guerra total decretada por Pastrana con anuencia de Bush.

 

La delgada línea roja

El presidente solicitó a su homólogo que las armas y equipos suministrados por EEUU (por el Plan Colombia, más la millonada destinada a dicho país prioritariamente mediante la Iniciativa Regional Andina) para el combate al narcotráfico se amplíen y se utilicen en la guerra contra las FARC porque «no se entiende cómo puede haber una línea que separe» lo uno de lo otro. La respuesta de Bush fue: «Yo aplaudo los esfuerzos del presidente. Estamos aportando asesoría al gobierno colombiano…». En realidad, se quedó corto. Los cables señalan, en efecto, que «Washington ha ofrecido a Colombia asistencia en tecnología y compartir información de inteligencia para luchar contra los rebeldes» y agregan, lo que es muy importante para el futuro inmediato, que «la administración Bush ha comenzado a delinear una política de mayor involucramiento en Colombia».

Ya lo ha estado haciendo en grado considerable, por otra parte, desbordando ampliamente el cuadro legal. Cientos de asesores y militares yankis actuaron sobre el terreno en confrontaciones armadas, además de formar, equipar y encuadrar a batallones especiales, dar luz verde a la intervención de mercenarios y cercar al país con bases militares en Ecuador, Aruba, Curaçâo, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras (amén de Guantánamo). Esta red de bases sustituye las de la zona del Canal de Panamá, sede del Comando Sur y centro neurálgico de las escuelas de contrainsurgencia, todas las cuales debieron ser abandonadas por EEUU el 31 de diciembre de 1999. De paso sea dicho, el imperio trata de mantener allí su presencia por cualquier medio. En febrero el canciller panameño, Miguel Alemán, y el encargado de negocios de la embajada yanki, Frederick Becker, firmaron un convenio que autoriza a lanchas patrulleras norteamericanas a surcar aguas territoriales panameñas tanto en la costa atlántica como en la del Pacífico, so pretexto de combatir el narcotráfico. El operativo se sufraga con los fondos del Plan Colombia, lo cual es revelador.

 

La gira de inspección del general Gary Speer

El general Gary Speer, nuevo jefe del Comando Sur del Ejército de EEUU, realizó en la segunda quincena de noviembre pasado una gira de inspección en la base de Tres Esquinas, acompañado por los mandos militares colombianos. En esa ocasión se terminó de equipar la gigantesca base militar con los últimos aparatos traídos de Panamá y se culminó el adiestramiento de las 1.200 nuevas unidades de tropas de acción rápida, dirigidos por 113 integrantes del Pentágono. Allí también se decidieron operativos en el Putumayo con fumigaciones indiscriminadas, rompiendo el acuerdo del gobierno con los campesinos para la erradicación manual de los cultivos de coca. Estas acciones militares prepararon la declaración de guerra total a las FARC, que estaba decidida de antemano, encontrando Pastrana la coyuntura propicia al producirse el secuestro de un legislador.

Los planes se pusieron a punto en la reunión efectuada el 5 de febrero en Bogotá entre Pastrana y el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Políticos, Marc Grossman, acompañado por el general Speer. Allí se examinó la marcha del Plan Colombia (apenas dos de sus diez artículos se refieren al narcotráfico) y de la Iniciativa Andina, a la cual el proyecto presupuestal de Bush le destina 731 millones de dólares, de ellos 439 para Colombia. El proyecto propone crear una segunda brigada colombiana aerotransportada para proteger la infraestructura petrolera y destinar 98 millones más específicamente para resguardar el oleoducto de Caño Limón-Coveñas, perteneciente a una compañía norteamericana. La revista bogotana Cambio afirma que una de las antiguas empresas petroleras de Bush tiene intereses en Colombia.

De esta forma EEUU injerta al país sudamericano en los marcos de su lucha «antiterrorista» mundial, una de cuyas consecuencias visibles es multiplicar la presencia militar norteamericana en todas las regiones del mundo. Esto ha llegado a un nivel sin parangón.

Desde la guerra del Golfo de 1991 las tropas yankis de aire, mar y tierra se asentaron en la región y desde allí amenazan a Irak, así como a Irán, Corea del Norte y Somalia. Desde la guerra de Kosovo sentaron sus reales en el corazón de Europa y no las saca nadie. (A pesar de la inicua distorsión informativa que rodea el juicio de La Haya, queda claro que Milosevic reclama el enjuiciamiento de los mandos de la OTAN por crímenes de guerra.) Tienen bases en Okinawa, en la isla Diego García (comprada a Gran Bretaña), llevaron ahora sus tropas especializadas a Filipinas para combatir a los rebeldes locales y a sus agentes de inteligencia a Pakistán. Desde la guerra de Afganistán, también se instalaron allí a perpetuidad, e incluso ello les dio pretextos para desplegarse en las repúblicas ex soviéticas de Asia Central: Uzbekistán, Kirguizistán, Tadyikistán, y también en Georgia, llegándose al colmo de que le reclamen nada menos que a Vietnam, donde aún permanecen las huellas de su saña criminal, la base de Cam Ranh, vestigio de su ocupación en el sur del país ahora reunificado.

Súmese las bases en América, y se verá hasta qué punto EEUU pretende oficiar como gendarme del mundo. Su presupuesto de guerra es el mayor de la historia, a la vez que ha denunciado todos los tratados internacionales que tienden a reducir la carrera armamentista, desde los misiles a las armas pequeñas.

A esta política de guerra le sigue, como la sombra al cuerpo, la represión de los derechos civiles al interior del país. Es lo que está aconteciendo ahora en proporción alarmante en Estados Unidos, particularmente con relación a las minorías extranjeras, sacudidas por una ola de xenofobia galopante, a la vez que descaecen los derechos civiles consagrados en la Constitución. Ahora se comienza a moldear a Colombia según el mismo padrón. La oleada represiva se extiende. La nueva legislación lanzada por Pastrana permite efectuar allanamientos domiciliarios y perpetrar detenciones sin orden del juez, impone a la vez otras restricciones legales, todo lo cual despoja de garantías a la campaña electoral en pleno desarrollo. Se baraja la instauración del estado de sitio. El Defensor del Pueblo (ombudsman) se pronunció contra la legislación de seguridad nacional, y organismos defensores de los derechos humanos expresaron su alarma. Además, esta legislación represiva afectará los derechos de los trabajadores y sus sindicatos, movilizados en una amplia campaña reivindicativa, con su punto alto en los trabajadores del Estado y en particular los docentes.

Los testimonios coinciden, por otra parte, en que los bombardeos a mansalva desencadenados en la antigua zona de distensión han provocado gravísimos daños, incluso mortales, a los pobladores civiles de la región. Es lo que dice Pilar Lozano, corresponsal de El País de Madrid, sobre el primer día de ejecución del Plan Thanatos, agregando que el comandante de la Fuerza Aérea reconoció que «pueden ocurrir errores». Se arrojaron bombas sobre los poblados, mataron niños y campesinos. Los cadáveres fueron envueltos en bolsas y quedaron tirados en el Cementerio del Caguán. También hay testimonios de la enviada de la cadena Caracol, Yanelda Jaimes, y del diario El Tiempo de Bogotá.

 

El canje de prisioneros

En las anteriores conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla en presencia de delegados de los diez países facilitadores (Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela), las FARC propusieron una y otra vez el intercambio de prisioneros.

El gobierno se negó. En un gesto unilateral de buena voluntad, liberaron a cientos de militares y policías. No hubo ninguna reciprocidad del gobierno. Ahora reiteran su propuesta, incluyendo a la candidata Ingrid Betancourt, a quien le salió el tiro por la culata en su maniobra electorera. Pastrana reitera su negativa. *