Gobierno argentino amenazó con represión ante ataques a bancos

«En 60 días va a ser muy visible cómo la actividad (de la economía, que no crece desde hace cuatro años) comienza a tener fuerza. Insistimos, que tengan un poco de paciencia», dijo Duhalde en su habitual mensaje radial.

Sin embargo, al menos parte de la población, que el lunes salió a las calles en el corazón financiero de Buenos Aires para destrozar los frentes de los bancos y los camiones transportadores de caudales, no pareció escuchar al mandatario.

Durante la tarde de ayer martes se registraron manifestaciones en la zona bancaria de la capital, mientras miles de personas llegaban a los tribunales con la esperanza de poder eludir judicialmente la orden gubernamental de convertir compulsivamente los depósitos en dólares, con la que perderán capital.

Mientras la gente exigía a grito pelado la devolución de sus ahorros, el portavoz presidencial, Eduardo Amadeo, dijo que los pasos del gobierno para lidiar con los que atacan los bancos son el «diálogo, segundo la persuasión con la colocación de las fuerzas de seguridad y la tercera es represión».

«Estamos ahora en la etapa de la persuasión. Si sigue esa violencia, que ya está tomando visos de organización, me parece que vamos a pasar a la próxima etapa», agregó.

El pedido de paciencia y la amenaza de represión se produjo en vísperas de lo que se espera sea una multitudinaria manifestación de desocupados y sindicalistas, convocada para hoy miércoles para evitar que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de presupuesto que recorta en 14,6 por ciento el gasto público respecto al de 2001.

Hace sólo dos meses, el ex presidente Fernando de la Rúa debió renunciar en medio de una revuelta popular que dejó una treintena de muertos en enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.

Recursos contra el «corralito»

Unos 7.000 recursos judiciales contra el gobierno por las restricciones al retiro de dinero de los bancos, vigentes desde diciembre pasado, fueron presentados ayer martes en los tribunales porteños, informaron fuentes judiciales.

Los 7.000 recursos de amparo presentados ayer martes, que virtualmente hicieron colapsar la atención en el fuero Contencioso Administrativo, se suman a los 4.000 que recibieron el lunes los tribunales, lo que llevaría a unos 22.000 el número total en febrero.

Una multitud de ahorristas y abogados formaron largas filas ayer martes desde temprano frente a los tribunales porteños para presentar las denuncias exigiendo que los bancos les reintegren sus depósitos y que la devolución se haga en dinero contante y sonante y de la misma moneda en la que fueron realizados: en dólares.

El gobierno decretó la conversión a pesos de todos los ahorros inicialmente depositados en dólares, que serán devueltos además en varias cuotas, a partir del año 2003.

Ante el desborde generado por la avalancha de acciones de amparo contra el popularmente llamado «corralito», la Cámara de lo Contencioso Administrativo federal resolvió ayer martes «suspender» los plazos fijados para dictar sentencia en causas ordinarias, pero sin precisar hasta cuándo.

Según lo dictaminado por el Colegio Público de Abogados, mañana jueves vence el plazo para presentar recursos de amparo ante la Justicia contra el «corralito».

El 28 de febrero, además, vence el plazo para que los ahorristas conviertan sus depósitos a pesos.

CGT rebelde en estado de alerta

El sector rebelde de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió ayer martes el estado de «alerta y movilización» al denunciar la falta de respuestas del gobierno frente a la crisis que atraviesa Argentina.

Ese sector de la CGT anunció en un comunicado que había declarado el «estado de alerta y movilización» y analiza la posibilidad de convocar próximamente a una manifestación «en defensa de la identidad nacional y de la dignidad y derechos del pueblo trabajador argentino».

«La preocupación más profunda apuntó a la falta de medidas que hagan a la reactivación de la economía nacional», en recesión desde hace 44 meses, precisó la CGT encabezada por el dirigente camionero Hugo Moyano, peronista, como el presidente Eduardo Duhalde.

La central obrera criticó asimismo varias pautas del Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para su aprobación, «que además de inconstitucionales e injustas profundizan la recesión que padecemos hace cuatro años».

Enunció, entre otros puntos, «la persistencia en el descuento en el 13% a los jubilados y empleados estatales», impuesto por el anterior gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) en julio pasado.

«El proyecto de Presupuesto no demuestra el cambio de alianza política prometido desde el gobierno nacional», sentenció la CGT en el comunicado, en referencia a la promesa del presidente Eduardo Duhalde de apoyarse en los sectores productivos en desmedro de los financieros. La CGT rebelde, una de las tres centrales obreras argentinas, llamó al gobierno a «mantener la retención a la exportación de combustibles y extenderla al resto de las actividades exportadoras que ganarán con la pesificación de la economía».

Además, insta al Ejecutivo a «no permitir el despido de ningún trabajador, ni admitir el festival de aumentos de precios y tarifas que deterioran el ya disminuido poder adquisitivo del salario». *