FARC y candidatos presidenciales discutieron sobre el plan de paz
Al encuentro, considerado por los comentaristas como clave para darle al esquema de diálogos una perspectiva de Estado e impulsar la discusión de una tregua con cese al fuego y hostilidades, también asisten dirigentes de algunos partidos y movimientos políticos.
Los aspirantes presidenciales Alvaro Uribe (independiente de derecha), Noemí Sanín (independiente) y Juan Camilo Restrepo (oficialista) no acudieron a la reunión, en rechazo a la escalada de atentados dinamiteros lanzada por los rebeldes en las últimas semanas en diversas localidades del país, incluida Bogotá.
Uribe encabeza las encuestas de intención de voto con miras a las elecciones del próximo 26 de mayo con el 53%, seguido por el liberal (oposición) Horacio Serpa (24%) –quien asistió este jueves a la reunión con los guerrilleros– y Sanín (12%).
Serpa –que en setiembre pasado no pudo ingresar con una caravana de simpatizantes a la zona del despeje, por disposición del alto mando rebelde– dijo el jueves que Colombia se encamina a la guerra total, en una aparente referencia al repunte en las encuestas de Uribe, un férreo crítico del plan de paz que maneja un discurso de mano dura para someter a la insurgencia.
El dirigente liberal añadió que el proceso de paz marcha por mal camino, debido al mal manejo que le ha dado el gobierno y a la «arrogancia» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 16.500 combatientes), «quienes cada vez que cometen un secuestro o ataque contra un pueblo están contribuyendo al crecimiento de las fuerzas paramilitares de extrema derecha».
En su intervención, el alto comisionado para la paz del gobierno, Camilo Gómez, reclamó a las FARC la liberación inmediata de los secuestrados y el cese de los atentados, y enfatizó que el diálogo en medio del conflicto no es viable.
«El país ha sido paciente y ha soportado la negociación en medio de la confrontación gracias a las esperanzas de ver hechos de paz concretos, pero las FARC, con los secuestros y los atentados, con los ataques a los pueblos, se ha encargado de cerrar todas las posibilidades de continuar con la negociación como se venía llevando a cabo», dijo el funcionario.
Gómez enfatizó que «el proceso de paz sólo será irreversible si llegamos a los acuerdos que saquen a la población civil de la confrontación pues esta misma población será la encargada de evitar que estos acuerdos se incumplan», señaló el comisionado. Los líderes de las FARC señalaron, por su parte, que la marcha del proceso de paz, iniciado hace tres años, está afectada por el auge del «paramilitarismo de Estado», la intromisión indebida de Estados Unidos en el país andino y la «crítica situación social imperante en Colombia, al amparo de la política económica neoliberal».
El grupo insurgente también exigió el retiro de Colombia de los asesores militares extranjeros, la reducción del gasto militar y la depuración en las Fuerzas Armadas.
«La aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, importada de los Estados Unidos, constituye el principal obstáculo para avanzar en la solución del conflicto colombiano», dijo el portavoz de las FARC, Raúl Reyes.
Reyes afirmó también que «el paramilitarismo provoca asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado, expropiación, amenazas contra los dirigentes de las organizaciones populares, desapariciones, narcotráfico, inmovilidad de las fuerzas sociales que propugnan por cambios democráticos y terror generalizado».
Previamente, en declaraciones al diario El Tiempo de Bogotá, Reyes rechazó el anuncio de Estados Unidos de que está dispuesto a prestar ayuda militar a Bogotá para combatir a la insurgencia, y dijo que la ofensiva rebelde de las últimas semanas se debe en parte a «la ofensiva lanzada por el ejército» y a la aplicación del Plan Colombia de lucha antidrogas, financiado por Washington. Washington considera como «terroristas» y «narcotraficantes» a las FARC, y al también guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), así como a los paramilitares del país andino. *
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