El juicio político a la Corte ventila resonantes casos

ISIDORO GILBERT

 

Pero la comisión no tiene plazos para enviar la posible acusación al Senado Nacional que luego, como un tribunal, ordena la remoción o no de los jueces. Cada caso se analiza en particular aunque el titular del tribunal máximo, Julio Nazareno, es el que encabeza el récord de pedidos de enjuiciamiento.

La duración de este proceso dependerá de si se mantiene la decisión política del bloque oficialista (peronistas, radicales y un sector del Frepaso) para llevar adelante la depuración del máximo tribunal, cuya imagen está a nivel del zócalo en la opinión pública. No todos los casos son iguales e incluso se supone que dos de ellos, que no conformaron el bloque del menemismo en la Corte, podrían elevar su renuncia o pedir su jubilación.

La Corte ya envió copias de las sentencias más polémicas, que la comisión parlamentaria le había reclamado el viernes e incluye las causas sobre rebalanceo telefónico que podría salpicar a las dos grandes empresas, Telefónica y Telecom, dijo Acevedo, el fallo que facilitó la libertad a Emir Yoma por la causa armas, una que dispuso que la caída del Banco de Mendoza debía tramitarse en la Capital Federal favoreciendo a un poderoso banquero del menemismo, la del corralito que desató la crisis entre el Poder Ejecutivo y la Corte. Además el alto tribunal remitió todas las sentencias de los años 1999, 2000 y 2001 y autorizó a un integrante de la Comisión de Diputados a consultar el gigantesco expediente de la investigación del atentado a la Embajada de Israel.

Forcejeo por el caso de las armas

Acevedo sostuvo que hubo unanimidad de criterios para incorporar el caso de las armas ilegalmente enviadas a Ecuador y Croacia porque deja al desnudo a Carlos Menem. Pero la verdad es que dentro del justicialismo se desató un duro debate. Esa decisión que liberó a Yoma de la prisión mediante el expediente de descalificar la figura de «asociación ilícita», desbrozó el camino para que Menem recuperara su libertad y para que el caso se cerrara en lo que respecta al ex presidente.

Prueba de lo expuesto lo dice que el cometido comenzó a arrojar resultados una vez que se destrabó un «mal entendido» entre Elisa Carrió, jefa del bloque de ARI, y la representación justicialista. Carrió entendía que el justicialismo quería ir contra la Corte únicamente con la causa del corralito.

La evaluación sobre las sentencias comprende, entre otras, la del corralito. En el criterio de los legisladores, los ministros de la Corte contradijeron su propia postura al pronunciarse a favor en el caso Smith cuando antes lo habían hecho en contra en el caso Kipper, que había revertido el fallo de un juez de primera instancia. Otras sentencias bajo la lupa parlamentaria son el rebalanceo telefónico y el fallo que permitió a «Tato» Romero Feris ser candidato a gobernador de Corrientes cuando estaba procesado y detenido por supuesta corrupción.

Se suma, además, el pronunciamiento firmado por todos los ministros de la Corte que tachó de inconstitucional (sic) un artículo de la reforma de la carta magna de 1994, que determina que los jueces con 75 años de edad deben volver a recibir acuerdo del Senado para continuar en funciones. Este planteo lo hizo el juez Carlos Fayt, con apoyo mayoritario del alto tribunal.

Sectores conciliadores

Otro tema incluido es la acordada que excluye a todos los jueces de hacer pública su declaración jurada de bienes, como establece para legisladores y funcionarios la ley de ética pública. «Es un privilegio, al igual que no paguen impuestos», resaltó el diputado Acevedo.

Si bien en Diputados, según Acevedo, no habrá problemas con reunir los 2/3 de los votos para acusar a cada integrante de la Corte, en sectores del gobierno, se dice que en el área de Justicia quisieran tratar antes un proyecto para jubilar a los magistrados (incluida la mayoría de la Corte) enviado por el Ejecutivo, que no ha generado reacciones favorables dentro de la comisión de Juicio Político.

Es que el proyecto de jubilación para quienes ya la tienen acordada es el otro elemento de presión del gobierno para apurar el recambio en la Corte y evitar que se ventilen tantos chanchullos en tiempos del menemismo y de Fernando de la Rúa.

Lo que cambió la dura oposición del peronismo en tiempos muy recientes a dar el paso de enjuiciamiento, ha sido la opinión pública.

Y también que los dirigentes políticos, en este caso los legisladores, necesitan reconciliarse con la sociedad.

Por caso, el Senado que feneció el 10 de diciembre había absuelto a jueces acusados de cohecho y que siguen en funciones. ¿Cambió la calidad de la Cámara alta?, le preguntaron a Acevedo.

Dijo que sí. Se verá. *