Piden enjuiciar a González Macchi por caso de torturas

Organismos de derechos humanos, legisladores y políticos de Paraguay solicitaron el miércoles al Congreso el enjuiciamiento político del presidente de la República y del fiscal general del estado, por su presunta responsabilidad en secuestros y torturas.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), solicitó a la Cámara de Diputados «el inicio del proceso de juicio político al presidente Luis González Macchi por la causal constitucional de mal desempeño de funciones (…) y graves violaciones de los derechos humanos».

Codehupy, que reúne a personas e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, decidió promover el juicio días después que dos políticos de izquierda fueran secuestrados y torturados por policías en actividad dependientes del Ministerio del Interior y la fiscalía.

El organismo también acusó al fiscal general del estado, Oscar Latorre, y a al menos tres de sus colaboradores de permitir con acciones negligentes la «privación ilegítima de libertad, desaparición forzada y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí».

Arrom y Martí, dirigentes de la agrupación socialista Patria Libre, fueron secuestrados el 17 de enero por policías que los sometieron a tortura y fueron rescatados por sus familiares 14 días después de un centro clandestino de detención.

Inicialmente la policía los acusó del secuestro de María Edith Bordón, esposa de un acaudalado empresario de la construcción, presuntamente para recaudar fondos destinados a formar un movimiento guerrillero en Paraguay.

Bordón fue liberada el 19 de febrero, tras 64 días de secuestro, después que su esposo, Antonio Debernardi, pagara 2,2 millones de dólares de rescate. Otros tres simpatizantes de Patria Libre fueron detenidos bajo sospecha de haber participado en el secuestro de la mujer, y también denunciaron haber sido víctimas de tortura. «Con estos actos de terrorismo de Estado (…) existen suficientes razones que ameritarían enjuiciar la responsabilidad política del presidente y el fiscal general», dijo el escrito de Codehupy, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Juan Darío Monges.

La cámara necesita del voto de dos tercios de sus 80 miembros para promover el juicio político, que debe ser juzgado por el Senado, de 45 integrantes. *