Masiva huelga de hambre de presos guerrilleros en Perú

El presidente peruano, Alejandro Toledo, afronta el desafío de solucionar en forma pacífica una huelga de hambre de unos 600 terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que reclaman mejores condiciones carcelarias y participar del proceso de reconciliación que desarrolla una Comisión de la Verdad.

La huelga indefinida de los senderistas y emerretistas ingresó este miércoles a su tercer día y es la primera que se produce desde que Toledo llegó al poder hace seis meses.

La posibilidad de una solución a corto plazo durante el transcurso de la jornada ha sido descartada por el defensor adjunto para asuntos penitenciarios, Wilfredo Pedraza, quien es mediador entre el gobierno y los reclusos.

El funcionario dijo a la AFP que las posiciones antagónicas de ambas partes complican un acuerdo y reconoce que no será posible avanzar si los terroristas no deponen su actitud de fuerza.

«La huelga continúa y veo difícil que haya una solución en las próximas 24 o 48 horas», aseveró. Pedraza tiene previsto retornar al penal de la base naval el jueves o el viernes si hay novedades antes, para conocer cuál es la situación y la postura de los líderes de la huelga: el jefe y fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el jefe del MRTA, Víctor Polay.

«La situación está estancada en virtud de las posiciones antagónicas asumidas y hechas públicas por el gobierno y los presos» (de las agrupaciones Sendero Luminoso (SL, maoísta-polpotista) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, guevarista), indicó a la AFP el mediador.

La actitud de fuerza asumida desde el lunes por la cúpula encarcelada de las dos organizaciones fue secundada de inmediato por los casi 600 condenados por terrorismo que se encuentran detenidos en otros tres penales peruanos.

Los huelguistas sólo han renunciado voluntariamente a consumir alimentos y beben agua azucarada. Pedraza señaló a la AFP que dialogó con delegados de los huelguistas en la prisión Castro Castro y en Santa Mónica (mujeres), a quienes instó a mantener su huelga en forma pacífica, sin recurrir a quemar colchones o a tomar los techos de los pabellones de las cárceles como tradicionalmente acontece en similares huelgas.

El gobierno adelantó el martes por intermedio del ministro de Justicia, Fernando Olivera, que no cederá al chantaje de los terroristas ni negociará con ellos bajo el marco de la huelga.

Guzmán (67 años y víctima de psoriasis) y seis dirigentes senderistas, así como Polay (50 años) y dos de sus lugartenientes, todos ellos recluidos desde 1992 en la prisión de alta seguridad en una base naval del puerto del Callao, vecino a Lima, reclaman al gobierno cumplir una promesa de mejores condiciones carcelarias.

También demandan ser recibidos por la Comisión de la verdad, que el gobierno instaló este año para buscar la reconciliación entre los peruanos e investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, en la época que Sendero y el MRTA declararon una «guerra popular».

Los detenidos exigen al gobierno que cumpla con aplicar una serie de cambios a la severa legislación antiterrorista vigente durante el gobierno del destituido Alberto Fujimori (1990-2000), que el canciller Diego García Sayán sugirió modificar ante requerimientos de juristas y de la Corte Interamericana de DDHH. *