Gobierno y FARC comenzaron reuniones para negociar una eventual tregua

Antes de iniciarse la reunión en la aldea de Los Pozos, en la zona despejada del sur del país, el presidente Andrés Pastrana advirtió en la caribeña ciudad de Cartagena de Indias que la negociación con las FARC no puede continuar en medio de la violencia desatada por los rebeldes, a quienes llamó a desescalonar el conflicto.

El jefe de Estado, cuyo mandato terminará el próximo 7 de agosto, añadió que sus delegados plantearán a la insurgencia que es indispensable pactar una tregua con cese al fuego y hostilidades, disminuir la intensidad de la guerra, poner fin a los secuestros y extorsiones, y liberar a las personas capturadas por los rebeldes.

Pero el alto mando militar, que en otras ocasiones ha expresado su desacuerdo con la marcha del esquema de pacificación, señaló que es imposible pactar una tregua con las FARC, a menos que ese grupo suspenda previamente los ataques contra los civiles y la infraestructura.

Las partes discuten el espinoso asunto en medio de grandes diferencias y de un ambiente de desconfianza mutua, según admitieron el portavoz del movimiento guerrillero, Raúl Reyes, y el negociador gubernamental, Juan Gabriel Uribe.

«Hay grandes diferencias y desconfianza», dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero aseguró que las partes buscan «consensos a fin de tratar de presentarle al país un resultado concreto, contando con el acompañamiento de la comunidad internacional y la Iglesia Católica».

El negociador Uribe admitió que hay posturas «muy distantes» con el grupo guerrillero.

El gobierno exige que el cese al fuego y las hostilidades incluya el fin del secuestro, las extorsiones y otros ataques contra la población y la infraestructura; los rebeldes lo interpretan como el término del programa socioeconómico del Ejecutivo.

La agrupación rebelde también reclama, como punto de partida para disminuir la intensidad del conflicto, que el Estado desmantele los grupos paramilitares de ultraderecha, la suspensión de las extradiciones y del Plan Colombia de antidrogas financiado por Estados Unidos, así como la salida del país de los asesores militares estadounidenses.

El gobierno rechazó de antemano la posibilidad de suspender el Plan Colombia y satisfacer las otras exigencias de las FARC, lo que ahondó el sentimiento de pesimismo imperante entre los dirigentes políticos y muchos otros colombianos sobre la marcha del proceso de paz iniciado en enero de 1999.

Los candidatos presidenciales Alvaro Uribe (independiente de derecha), Horacio Serpa (liberal de oposición) y Noemí Sanín (independiente) –que ocupan en ese orden los primeros lugares en las encuestas con miras a los comicios del próximo 26 de mayo– coincidieron en calificar de «absurdas» las exigencias de las FARC.

Uribe y Sanín anunciaron que no acudirán a una reunión prevista para este jueves con las FARC en la zona despejada de 42.000 km

Serpa señaló que acudirá a la cita: «Para decirles personalmente a los guerrilleros que los colombianos estamos cansados de sus acciones violentas y que es necesario rectificar la marcha del proceso de paz».

El comandante Reyes declaró el miércoles, al contestarle a Serpa, que «los candidatos presidenciales pueden opinar lo que estimen conveniente».

En setiembre pasado, las FARC impidieron, mediante amenazas de activar carros-bomba, que Serpa y decenas de sus simpatizantes llegaran por tierra a la zona del despeje, donde el candidato liberal se proponía «decirle la verdad a las FARC».

El procurador general de Colombia, Edgardo Maya, en la víspera pidió a Pastrana firmeza ante las FARC y un referéndum para decidir si el gobierno continúa el diálogo con la guerrilla, lo cual fue desestimado este miércoles por el mandatario.

Maya señaló en una carta entregada personalmente el martes que la sociedad «está reclamando hoy más que nunca una posición firme de quien la representa en su condición de Jefe de Estado en la mesa de negociaciones». *