Juicio a policías paraguayos por caso de torturas

Un fiscal de derechos humanos de Paraguay abrió el viernes una causa contra dos oficiales de Policía y ordenó su detención en relación con el secuestro y tortura de dos dirigentes políticos de izquierda, informaron fuentes del Poder Judicial.

En tanto, el presidente Luis González Macchi nombró como ministro de Justicia al abogado Diego Abente Brun, en sustitución de Silvio Ferreira, quien renunció tras ser acusado de encubrir el caso.

El fiscal Fabián Centurión ordenó la captura e inició el enjuiciamiento del subcomisario Antonio Gamarra y el inspector José Schembori, por el secuestro y tortura de los dirigentes de izquierda Juan Arrom y Anuncio Martí.

Según denunciaron los afectados, los oficiales ahora enjuiciados los sometieron a torturas buscando inculparlos en el secuestro de la esposa de un acaudalado empresario.

La detención de Gamarra y Schembori se debió a que Martí los identificó como integrantes de un grupo de al menos diez policías relacionados con las sesiones de tortura.

El gobierno paraguayo también aceptó la dimisión del secretario del Interior, disolvió su servicio central de Inteligencia y anunció amplias investigaciones en la Policía.

Arrom y Martí fueron acusados por la Policía de urdir el secuestro de María Edith Bordón, quien fue aprehendida el 16 de noviembre y liberada el 19 de enero, después que su esposo, el empresario de la construcción Antonio Debernardi, pagara 2,2 millones de dólares de rescate.

Los activistas de izquierda fueron detenidos el 17 de enero, en una presunta operación ilegal encabezada por oficiales de la Policía paraguaya, bajo las órdenes del ex ministro del Interior, Julio Fanego.

El nuevo ministro de Justicia pertenece al socialdemócrata Partido Encuentro Nacional, aliado del gobernante Partido Colorado, que reconoció oficialmente que el secuestro de Arrom y Martí fue un acto de terrorismo de estado, pero no disolvió su alianza con los oficialistas.

Con anterioridad, González Macchi destituyó al comandante, al subcomandante y al jefe de investigaciones de la Policía, y puso a disposición de la Presidencia a los nueve oficiales policiales identificados por los secuestrados. *