México: juicio por masacre

Treinta y dos años después de la masacre de estudiantes en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1968, el clamor de justicia por las víctimas podría al fin ser atendido e incluso llevados a juicio los responsables, entre ellos, prominentes figuras como el ex presidente Luis Echeverría.

La Suprema Corte de Justicia emitió el miércoles un veredicto en el que declara que los delitos cometidos en esa matanza deben ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) para definir si ya han prescripto.

«Ya se ganó una batalla histórica; el que las instituciones corrijan sus procedimientos incorrectos», señalaron integrantes del Comité 1968, constituido por dirigentes estudiantiles de la época que fueron encarcelados, sufrieron torturas y algunos de cuyos compañeros forman parte de los «desaparecidos políticos».

Raúl Alvarez Garín, uno de los integrantes de esta organización y ex activista estudiantil, exigió que se aclare si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tuvo participación en este acontecimiento que todavía provoca escozor en el inconsciente colectivo mexicano.

El 2 de octubre de 1968, tropas del ejército y una fuerza paramilitar denominada «Brigada Blanca» realizaron una feroz represión contra una multitud de manifestantes jóvenes congregados en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la Cancillería, en el céntrico y populoso barrio de Tlatelolco.

Según el saldo oficial, al menos 30 estudiantes resultaron muertos a causa del intenso tiroteo, mediante una suerte de «confusión provocada» que hizo pensar a soldados de la parte baja que estudiantes ubicados en un nivel alto de un edificio habitacional les estaban disparando y que en realidad serían miembros de la Brigada Blanca.

Sin embargo, estimaciones independientes calcularon que serían cientos los asesinados durante esta brutal acción, aparentemente organizada para poner freno a una ola de demostraciones antigubernamentales que amenazaba con afectar la imagen de México y perturbar los Juegos Olímpicos.

El entonces ministro de Defensa, general Marcelino García Barragán, ya fallecido, acusó en documentos que formaban parte de su archivo personal, a miembros del Estado Mayor Presidencial –el grupo de élite que protege a los mandatarios mexicanos– de haber perpetrado la matanza.

La «luz verde» para que la Justicia actúe en el caso, que había sido declarado virtualmente cerrado por la Procuraduría bajo el argumento de que los delitos ya habían prescrito, permitiría llamar a declarar ante los tribunales al ex presidente Luis Echeverría.

El abogado penalista Ignacio Carrillo, fiscal especial sobre Desaparecidos, consideró factible que sea llamado a comparecer ante la Justicia Echeverría, que fungía como ministro de Gobernación cuando ocurrió la matanza.

Hay por lo menos 73 funcionarios públicos involucrados por la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la «guerra sucia» de los años 70 y 80 en México, como se da en llamar la feroz represión contra la incipiente guerrilla y grupos de izquierda de la época.

Los acusados por la matanza de 1968 podría enfrentar cargos de «genocidio, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad». *