Militares enjuiciados
Martino Rigacci Roma, ANSA
El proceso quedó definitivamente encarrilado tras la declaración del presidente del Tribunal, Mario D’Andria, quien en la apertura de la audiencia definió «legítimo» al juicio.
D’Andria rechazó las excepciones preliminares planteadas por los defensores de los imputados, quienes sostienen que los militares ya fueron juzgados en Argentina en base a las leyes de Punto final y Obediencia Debida –sancionadas en 1986 y 87 respectivamente– y otras normas aprobadas tras la dictadura castrense.
En uno de los párrafos más contundentes de su breve pero firme declaración, D’Andria dijo que el Tribunal considera «innegable el interés por parte de Italia frente a los crímenes políticos cometidos contra ciudadanos italianos en el exterior», en este caso en Argentina, durante los años del régimen militar.
En palabras sencillas, lo declarado hoy significa que la Justicia italiana considera su derecho –además de su deber– avanzar en el proceso para indagar sobre los responsables y las modalidades de la desaparición de Martino Mastinu y del asesinato de Mario Marras, ambos nacidos en la isla italiana de Cerdeña y ultimados en Argentina.
Además de Riveros, de este caso están acusados el ex jefe de la Prefectura naval de Tigre, Juan Carlos Gerardi, y cuatro suboficiales: Alejandro Puertas, Julio Roberto Rossin, Omar Héctor Maldonado y José Luis Porchetto.
D’Andria recordó por otra parte el artículo 8 del Código Penal italiano, según el cual «la ley nacional persigue todo delito político cometido, o sufrido, por un ciudadano italiano en territorio extranjero».
El magistrado subrayó que en junio de 1998 el Estado italiano se constituyó parte civil en el juicio ante la evidencia de «innegables lesiones» contra sus ciudadanos en Argentina.
También el representante del Estado, Giovanni de Figueiredo, recordó el claro interés de Italia «para que el proceso siga avanzando».
Luego fue el turno del fiscal, Francesco Caporale, quien hizo un extenso relato sobre la historia argentina, desde los años de Perón y Evita (décadas del 40 y 50), hasta hechos más recientes como el Operativo Cóndor y los centros clandestinos de detención de la dictadura.
Dirigiéndose a los jurados de la Corte, Caporale dijo: «los italianos desaparecidos de los que nos ocupamos tenían entre 17 y 26 años; bajo la dictadura, muchos jóvenes argentinos fueron asesinados sólo porque eran considerados de izquierda».
Lo que ocurrió en la Argentina, precisó, fue «lisa y llanamente un infierno del horror».
Hacia el final de la audiencia se planteó el problema de la defensa de los militares, pues los dos abogados que habían intervenido hasta ahora (Giovanni Melandri y Giovanni Arico) renunciaron al cargo ya que su mandato estaba limitado a la fase preliminar del juicio.
Uno de los defensores de oficio para el proceso, Carlo Longari, aclaró de inmediato que «no conocía absolutamente nada ni del juicio ni de los imputados», pues fue nombrado en ese momento.
El joven abogado pidió tiempo para estudiar el caso y, posiblemente, para ser eximido.
El Tribunal aceptó el reclamo y el tema será resuelto en la audiencia próxima, fijada para el 19 de abril, cuando también se decidirá sobre las pruebas y el número de los testigos admitidos para el juicio.
El principal imputado en el juicio por los desaparecidos italianos en Argentina es el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, quien quedó fuera de la audiencia de hoy, pero de cuyo caso el Tribunal de Roma se ocupará el próximo 7 de junio.
El ex general se encuentra bajo arresto domiciliario en Buenos Aires, acusado por el robo de bebés hijos de desaparecidos.
Además de los casos Mastinu y Marras, las investigaciones sobre los desaparecidos italianos se refieren a Guido Carlotto, nacido durante la detención ilegal de su madre Laura Carlotto (asesinada tras el parto), Pedro Luis Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri y Daniel Jesús Ciuffo.
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