Se enturbia la situación política en la Argentina

Las relaciones entre el gobierno y la oposición peronista se enrarecen. La discusión en el Senado Nacional de la Ley Laboral, que la Alianza piensa que permitirá generar empleo y «blanquear» la situación del 48% de los trabajadores que lo hacen ilegalmente, ha dado nacimiento a un escándalo político.

El secretario general de la CGT (rebelde), Hugo Moyano afirmó en una reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta que discute la media sanción de esta iniciativa, que el ministro de Trabajo Alberto Flamarique le dijo que los senadores eran sensibles a ser «comprados» por lo que no valía la pena llevar la pelea a la calle.

Moyano afirmó también que otro alto funcionario del gobierno le ofreció darle un subsidio para la obra social de su sindicato, el de los camioneros, para que frenara la confrontación.

La impasse en que entró el proyecto en el Senado Nacional, endureció al gobierno que hizo emitir un spot por TV donde denuncia a los dirigentes sindicales como enriqueciéndose a costa de los trabajadores que durante el gobierno de Carlos Menem perdieron la mayoría de sus conquistas históricas ante la casi pasividad de la CGT. El aviso difunde la desocupación heredada, un 14% y que el 48% de la fuerza laboral trabaja en «negro».

También los senadores peronistas cayeron en la ira oficial, porque creen en la Casa Rosada que están especulando con la suerte electoral de la Alianza en los comicios porteños del 7 de mayo. En rigor, el gobierno se siente traicionado por el sector oficialista de la CGT que encabeza Rodolfo Daer, que se deshizo de un acuerdo al que había arribado con el Ministerio de Trabajo, retocando la ley laboral en materia de ingreso a las cajas sindicales.

De la Rúa respaldó a Flamarique, un hombre de la intimidad política de Carlos «Chacho» Alvarez, vicepresidente de la Nación y líder del Frepaso, el socio de los radicales en la Alianza. De hecho, el gobierno llevó la confrontación a la gente, donde el liderazgo sindical no goza de popularidad. Pero el escándalo revela que las negociaciones furtivas con la cúpula terminan en un fiasco como no pocos analistas anticiparon.

Moyano y otros sindicalistas, anunciaron que recurrirán a la Justicia, hacia donde también irá el ministro de Trabajo. ¿Cuál será ahora la suerte de la ley que el gobierno requiere, entre otros motivos, para mostrar que puede gobernar a pesar de ser minoría en la cámara alta y en la mayoría de las provincias?

El tema Rico

No pocos gobernadores peronistas quieren que la ley se sancione permitiendo la diferenciación de los salarios según las zonas, porque si se igualan, sostienen, muchas empresas del interior quebrarían. Pero en el Senado no siempre los integrantes del Partido Justicialista se mueven por la lógica sino por posiciones políticas de poder.

A esta enredada situación se añade el arrastre del affaire que generó el ministro de Seguridad Aldo Rico, cuya definición se aguarda al retorno del gobernador Carlos Ruckauf. Pese a que el vicegobernador Felipe Sola anticipó que Rico deberá irse, éste se hace el desentendido, buscó respaldo dentro del peronismo, pese que días atrás dio un discurso anticipando su retirada.

Pero nada ocurrirá al menos hasta que Ruckauf hable con Rico. «La Nación» especula que sólo ellos dos conocen acuerdos secretos que impiden por ahora una definición de esta crisis. Rico fue llevado a controlar la Policía bonaerense, por su fama de «duro». En verdad, en tres meses y pico de gestión, el delito y las torturas en las comisarías han crecido.

Políticamente estos sucesos le hacen daño al gobernador. Rico a la vez está acusado de haber sido sobornado para facilitarle en 1994 a Eduardo Duhalde su reelección en la provincia de Buenos Aires y por el tráfico ilegal de combustibles. Los dos asuntos están en la Justicia.

Y un ex compinche de Rico, que desató la crisis, Carlos «el Indio» Castillo, que está detenido en Paraná, fue ayer puesto a disposición del juez federal Juan José Galeano, que tiene en sus manos la investigación de la voladura de la mutual judía AMIA.

Hay una pista que podría llevar a los «carapintadas» donde militó Castillo, y si ésta se profundiza, la crisis bonaerense tomará otro sesgo.