Colombia, un segundo Vietnam

por Niko Schvarz

a resolución de la Cámara Baja –que fue urgida por el presidente Clinton y pasó al Senado para su aprobación definitiva– es una muy mala señal desde el norte en la medida en que apunta en la dirección opuesta a la solución política negociada entre los delegados de Pastrana y de las FARC, en favor de la cual se han pronunciado los más amplios sectores de la sociedad colombiana, que llevó a la zona de distensión a directivos de la Bolsa de Nueva York, de las mayores firmas norteamericanas y de las empresas colombianas, y que movilizó por Europa a los representantes de ambas partes en la mesa de diálogo instalada en la zona de distensión.

La avalancha armamentista

La casi totalidad de los fondos está destinada a equipos militares, entrenamiento castrense para dos nuevos batallones especializados además del estructurado el año pasado (y que en total llegarán a cinco), asistencia a la Policía, 30 modernos helicópteros Black Hawk y 33 de tipo Huey.

Esta avalancha de material bélico se suma a la presencia de varios cientos de efectivos norteamericanos dotados de material ultrasonfisticado que ya están operando en el país, particularmente en tareas de espionaje contra las FARC. Todo esto calza dentro del plan en tres fases destinado a destruir a la guerrilla, tal cual consta en documentos del gobierno colombiano. Por eso no le faltaba razón al representante demócrata David Obey al señalar el riesgo de que su país se viera involucrado cada vez más en la guerra, agregando: «Veo un paralelismo entre esta situación y la de Vietnam». Pero su propuesta de postergar la aprobación del proyecto, o de reducir su monto sustancialmente, no tuvo andamiento.

La invocación al fantasma de Vietnam no era en vano. Más aún en estos momentos, cuando el pueblo vietnamita está celebrando el 25º aniversario de la liberación de sus principales ciudades (Hue, Danang) de la ocupación norteamericana, lo que culminó el 30 de abril de 1975 en su expulsión definitiva de esas tierras, configurando la mayor derrota militar de la historia de los Estados Unidos.

Como se recordará, el IX encuentro del Foro de Sâo Paulo, reunido a mediados de febrero en Managua, envió una carta al Congreso de los EEUU advirtiéndole precisamente que la aprobación de este proyecto de ayuda militar a Colombia entrañaba el riesgo de vietnamización del conflicto.

Ejército y paramilitares

En una posición análoga al anterior, el representante demócrata McGovern se negó a avalar un proyecto que significaba un reforzamiento del ejército colombiano. Citando testimonios de la Human Rights Watch (HRW), sostuvo que estas fuerzas armadas habían incurrido en graves violaciones de derechos humanos, lo que no podía ser aceptado por los congresistas norteamericanos.

Ello es tanto más acertado desde que en Colombia están actuando además las bandas paramilitares, que no son otra cosa que una excrecencia del ejército, y que se han caracterizado por sus crímenes contra las poblaciones civiles, particularmente los campesinos, acusándolos de ser base de sustentación de las guerrillas. Hace un par de semanas el vocero de las FARC, Raúl Reyes, señalaba que «la actividad paramilitar es una política de Estado, practicada por el sector fascista del ejército, apoyada económicamente por algunos políticos, terratenientes, latifundistas y grandes empresarios». En respuesta a esta denuncia, el presidente Pastrana pidió a las fuerzas armadas que combatan a estas organizaciones, mencionando a los llamados grupos de Autodefensa Unidos de Colombia (AUC), que operan en diversas zonas bajo el mando de Carlos Castaño.

Los mayores consumidores de droga

En el plano opuesto, un representante de la mayoría republicana fundamentó su voto a favor alegando que el proyecto beneficiaba a Estados Unidos por cuanto contribuiría a disminuir el consumo interno de droga, que es el mayor del mundo.

No tardó en recibir una réplica sensata, en el sentido de que sería mejor utilizar esa cifra millonaria para impedir la entrada y la circulación de la droga en el propio país, o para desalentar su consumo. La droga ingresa a raudales por aire, mar y tierra al territorio norteamericano, y nada se hace por impedirlo. La mafia de la droga –que mueve unos 187 mil millones de dólares anuales– extiende sus ramificaciones por todas partes, incluso a los aeropuertos (en el de Miami, por ejemplo, acaban de descubrirse decenas de funcionarios coludidos con el tráfico).

Pero nada de esto se tomó en cuenta, sino que se apostó exclusivamente a la solución militar, en un debate inficionado por la falacia de establecer un signo de igualdad o de correspondencia entre el narcotráfico y la guerrilla. Relegando al olvido, entre otras cosas, esta conocida afirmación del presidente Pastrana: «Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo y la confrontación de la guerrilla contra un modelo económico, social y político que considera injusto, corrupto y auspiciador de privilegios».

La gira del general Wilhelm

El tema nos toca muy de cerca, y no sólo como latinoamericanos. El general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, viene realizando una extensa gira por el continente (paralela a otra llevada a cabo por el zar de la lucha antidroga, general Barry McCaffrey), con el objetivo de justificar ante los distintos gobiernos la solución militar propugnada por EEUU en Colombia. Ha logrado que países como Ecuador cedan bases (la de Manta, sobre el Pacífico), desde la cual el ejército norteamericano opera sobre Colombia. Otro tanto cabe decir de las bases aeronavales en las islas de Aruba y Curação, en las Antillas, que pertenecen a Holanda, su socio en la coalición de la OTAN que perpetró las matanzas en Kosovo.

Esta gira traerá próximamente al general Wilhelm a nuestro país, donde ha solicitado ser recibido en el Parlamento.