Ríos Montt acusado de genocidio

Madrid y Guatemala, ANSA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España pidió ayer que se archive la causa contra ocho ex altos militares guatemaltecos, entre ellos Efraín Ríos Montt, acusados de genocidio por la Premio Nobel de ese país centroamericano, Rigoberta Menchú.

La Fiscalía española alegó incompetencia para dar curso a la causa y ratificó, además, «la voluntad de la República de Guatemala de resolver los horrores de su pasado».

El lunes pasado, en cambio, el juez Guillermo Ruiz Polanco se había declarado competente para dar trámite a la querella presentada por Menchú contra el ex dictador Ríos Montt, actual presidente del Congreso, quien restó importancia a la denuncia y dijo que próximamente viajará a Estados Unidos y a Francia.

El fiscal español, Pedro Rubira, se basó para pedir el archivo de la causa en que no está documentada la comisión de genocidio en Guatemala.

«No se constata que los hechos objeto de éste hayan sido denunciados ante las autoridades judiciales guatemaltecas» sino que, por el contrario, «se confirma la voluntad de la República de Guatemala de resolver los horrores de su pasado, en la forma en que sus mayorías democráticas lo estimen conveniente y necesario», alegó Rubira.

Entre los denunciados por Menchú figuran, además de Ríos Montt, el ex presidente Fernando Romeo Lucas y otros seis políticos y militares guatemaltecos, a los que acusa de haber cometido entre 1962 y 1996 delitos genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detención ilegal.

La denuncia de Menchú, presentada el 2 de diciembre, comprende tres casos, entre ellos el asalto militar a la embajada de España en su país, cometido el 31 de enero de 1980, mientras un grupo de indígenas ocupaba esa sede diplomática en reclamo de mejores condiciones de vida.

En el asalto militar murieron 37 personas, entre ellas tres españoles y el padre de Menchú.

La Premio Nobel denunció asimismo persecuciones en contra de toda su familia, el asesinato de dos de sus hermanos y torturas a su madre.

Menchú también acusó a los militares por el asesinato de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonso Fernández y Carlos Pérez Alonso.

La defensora de los derechos humanos basó su demanda asimismo en un informe de la Comisión para Esclarecimiento Histórico en su país, que estimó en 200.000 las víctimas de los 36 años de guerra civil.

El fiscal se declaró incompetente en relación al asalto a la embajada española de Guatemala, y sostuvo que la jurisdicción corresponde al país centroamericano.

Por otro lado, el canciller español, Abel Matutes, aseguró hoy que pese a la investigación, las relaciones entre España y Guatemala «se desarrollan con absoluta normalidad».

El diario El País de Madrid había publicado el martes que Guatemala suspendió los programas de cooperación con España para la formación de la nueva policía, pero el secretario de Estado de seguridad, Ricardo Marti Fluxa, desmintió esa noticia.

Por otra parte, la Fiscalía de Guatemala está evaluando la posibilidad de enjuiciar al ex dictador Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso unicameral, por la matanza de unas 300 personas cometida en 1982, durante su régimen.

El fiscal que investiga la matanza, Mario Leal, afirmó que una vez que concluya el estudio del caso se analizará si se abre o no juicio a Ríos Montt.

El 23 de marzo la Asociación de Detenidos Desparecidos de Guatemala (Fandegua) demandó a la Corte Suprema de Justicia que inicie un proceso para quitar la inmunidad a Ríos Montt y poder procesarlo por su responsabilidad en esa matanza.

Según investigaciones oficiales y de organizaciones de derechos humanos, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 unas 300 personas fueron asesinadas por un grupo de soldados en las Dos Erres, en el norteño departamento guatemalteco de Petén.