Bill Clinton violó la privacidad de viuda que fue "manoseada"

Washington, ANSA

El juez federal Royce Lamberth estableció, en la sentencia de ayer, que la Casa Blanca debe respetar las leyes sobre privacidad como cualquier otro ciudadano.

Así le dio la razón al Judicial Watch, una organización de juristas conservadores que había denunciado al presidente.

«Este tribunal» –se lee en la sentencia– «considera que los autores de la denuncia presentaron las pruebas de una violación criminal de las leyes sobre privacidad».

Ninguna sanción fue dispuesta contra el presidente y sus colaboradores. Sin embargo, la sentencia es incómoda por dos razones: en primer lugar, la denuncia seguirá su curso y la Casa Blanca deberá responder a las preguntas del juez; en segundo lugar la mujer cuya privacidad fue violada ahora podría pedir una indemnización.

Kathleen Willey, una viuda de Virginia que trabajaba como voluntaria en la Casa Blanca, había provocado escozor hace dos años. En una entrevista, acusó al presidente Clinton de haberla manoseado en el Salón Oval.

En el término de dos días, sin embargo, la credibilidad de la mujer se vio gravemente comprometida por algunas cartas difundidas por la Casa Blanca.

Willey decía que estaba ofendida y que había roto relaciones con el presidente, pero de las cartas resultaba que después de las supuestas molestias sexuales había seguido escribiéndole a Clinton, pidiéndole favores, solicitándole invitaciones y profesándole profunda gratitud.

Durante la causa frente al juez Lamberth resultó que Clinton decidió la publicación de las cartas tras consultar con tres asesores legales: Bruce Lindsey, Charles Ruff y Cheryl Mills.

La tesis de los abogados de Clinton, reafirmada ahora por la Casa Blanca, es que él tenía derecho a publicar las cartas porque «en varias investigaciones dispuestas por el Departamento de Justicia se consideró que la Casa Blanca no está sujeta a la ley sobre la privacidad».

Cada carta enviada al presidente de Estados Unidos y no cubierta por el secreto laboral debería ser considerada como documento público, pero el juez Lamberth fue de otra opinión.