El terrorismo será la prioridad de España durante su presidencia de la UE

La lucha contra el terrorismo será el objetivo prioritario de España cuando el próximo martes asuma durante seis meses la presidencia de la Unión Europea (UE).

El gobierno español, que ha elaborado un programa muy ambicioso, tendrá que ejercer su semestre de presidencia de los Quince en un contexto internacional particularmente difícil con la guerra en Afganistán, la situación de bloqueo en Medio Oriente, la desaceleración de la economía mundial, la crisis argentina, la entrada en vigor del euro y los preparativos para la ampliación de la UE.

España que desde hace más de treinta años sufre las acciones terroristas de la organización independentista vasca ETA, quiere aprovechar su semestre de presidencia de la UE –el tercero de su historia– para aumentar la presión sobre el terrorismo internacional y, especialmente, sobre el grupo separatista vasco, con el objetivo de poner fin a sus acciones en España, donde ha causado más de 800 muertos en 33 años.

«Es nuestro primer desafío», había afirmado el jefe del Gobierno español, José María Aznar, durante su discurso de presentación de la presidencia española ante el congreso de los diputados el pasado 10 de diciembre.

Este «objetivo prioritario», reiterado incansablemente por los dirigentes españoles, ha obtenido el apoyo de sus socios tras los atentados del pasado 11 de setiembre en Estados Unidos. Tras la aprobación, bajo la presidencia belga, de la orden de arresto europea, una definición común de terrorismo y una «lista negra europea», los dirigentes españoles creen que la UE ha adelantado más en los últimos tres meses que en los 30 años anteriores.

Aunque el gobierno de Aznar no ha logrado obtener de sus aliados europeos la inclusión en esta lista negra del brazo político de ETA, la coalición Batasuna, partido legal en España, sí ha conseguido que se incluyan en la misma varias asociaciones del entorno de ETA.

El otro eje del Ejecutivo español será la liberalización económica en el seno de la UE especialmente en lo que concierne a los mercados de la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

Esta determinación, apoyada por la comisaria europea de Energía y Transportes, la española Loyola de Palacio, miembro del gobernante Partido Popular (PP, derecha) y antigua ministra de Agricultura de Aznar, centrará la agenda del consejo europeo de Barcelona los próximos 15 y 16 marzo.

Tanto el gobierno de Aznar como de Palacio desean obtener avances sustanciales sobre este tema de la liberalización, tras la «decepción» que supuso la cumbre de Estocolmo en marzo de 2001. Una apuesta que no será fácil con los procesos electorales previstos en Portugal, Alemania y Francia.

Los otros ejes de la presidencia española tampoco auguran una labor fácil para la diplomacia de Madrid.