Juez español investiga genocidio en Guatemala

Madrid, ANSA

El magistrado Guillermo Ruiz Polanco notificó ayer el auto, al que tuvo acceso ANSA, por el que admite la querella presentada en diciembre por Menchú, con especial referencia al asalto de la embajada española en 1980, en el que murieron 39 personas.

Ruiz Polanco es titular de un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid, donde el juez Baltasar Garzón investiga desde hace cuatro años las dictaduras argentina (1976- 83) y chilena (1973-90).

Efraín Ríos Montt, actual titular del senado guatemalteco y presidente entre 1982 y 1983, es uno de los ochos militares imputados por Ruiz Polanco.

Los otros son los ex presidentes Oscar Humberto Mejías Victores (1983-86) y Fernando Romeo Lucas García (1978-82), y cinco funcionarios de este último gobierno.

Los funcionarios son Angel Aníbal Guevara Rodríguez, ministro de Defensa, Donaldo Alvarez Ruiz, ministro de Gobernación; Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, jefe del comando seis de la policía nacional; y Benedicto Lucas García, jefe del estado mayor del Ejército. Todos se encuentran en Guatemala excepto Lucas García, residente en Venezuela, y Alvarez Ruiz, residente en Miami.

Menchú basó su denuncia en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada en el ámbito de los Acuerdos de Paz de Oslo en 1994, que estima unas 200.000 víctimas en el enfrentamiento armado.

El juez afirma en el auto que «a los efectos de tal apariencia genocida, de la detenida lectura de la extensa e intensa documentación presentada por los denunciantes se infiere con total claridad que los hechos pretendidamente ejecutados por los denunciados se encaminaron al exterminio del pueblo maya».

Ruiz Polanco señala que «en ausencia del ejercicio honrado y eficaz» de los jueces guatemaltecos, la jurisdicción «debe ser suplida por tribunales que –como los españoles– sustentan la extraterritorialidad de su jurisdicción en el principio legal de persecución universal de delitos gravemente atentatorios contra los derechos humanos elementales».

El magistrado se basa en la misma ley del Código Penal español (persecución universal de delitos contra la humanidad) que Garzón utilizó para investigar los crímenes de la dictadura chilena. En este caso se da la circunstancia de que una de las matanzas ocurrió en territorio español: el asalto a la embajada española en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que entre las víctimas figuran tres de nacionalidad española.

La embajada fue asaltada por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, originando el incendio y muerte de 14 funcionarios españoles y 25 indígenas guatemaltecos –entre ellos el padre de Menchú– que la habían ocupado.

Los ocupantes querían que el embajador español intercediera por ellos para conseguir los derechos sobre las tierras en las que habitaban y trabajaban.

El juez ha citado como testigo a Máximo Cajal y López, embajador español en Guatemala cuando se produjeron los hechos.