Fiscal general de EEUU defiende las medidas antiterroristas

El Fiscal general (ministro de Justicia) John Ashcroft defendió el jueves las medidas antiterroristas de la administración Bush ante el Comité judicial del Senado, preocupado por asegurar que éstas no lesionen las libertades individuales.

Ashcroft fue invitado a tranquilizar a los congresistas que se inquietan por las medidas adoptadas sin consultar a los legisladores, fuera del marco de la ley antiterrorista votada a mediados de octubre por el Congreso.

Los senadores adoptaron sin embargo un tono moderado, probablemente motivado por el amplio apoyo de la opinión pública estadounidense del que goza la administración Bush en su lucha contra el terrorismo.

Incluso el demócrata Ted Kennedy, particularmente virulento durante el proceso de nominación del ultraconservador Ashcroft, parecía haber perdido su elocuencia.

Por el contrario, Ashcroft escogió de entrada el ataque como defensa, acusando a su críticos de «dar argumentos a los enemigos de Estados Unidos».

«He aquí mi mensaje a quienes asustan a la gente que ama la paz con fantasmas de una libertad perdida: vuestra táctica no hace más que ayudar a los terroristas», sentenció.

Las críticas recibidas por Ashcroft se centran sobre los métodos utilizados por las autoridades en en marco de la investigación sobre los atentados del 11 de setiembre, los derechos de los detenidos y la decisión de recurrir a tribunales militares que sesionan a puertas cerradas.

«Nuestras decisiones fueron cuidadosamente pensadas para evitar alterar los derechos constitucionales, salvando al mismo tiempo vidas estadounidenses».

El senador republicano Charles Grassley (Iowa, centro), se preguntó sin embargo cuáles serían los límites que tendría el Departamento de Justicia para escuchar conversaciones de abogados de clientes, en sus celdas, sospechosos de continuar sus actividades terroristas. «Tenemos autorización para escuchar las conversaciones de 16 de las 158.000 personas actualmente detenidas en las prisiones federales, porque pensamos que sus conversaciones pueden ayudar a los terroristas», afirmó Ashcroft. El fiscal general esgrimió ante los senadores una gruesa libreta dentro de un sobre plastificado, que según él contenía las instrucciones dadas a los miembros de la red Al Qaeda para «explotar las libertades estadounidenses en contra nuestra». Principales medidas tomadas por la administración del presidente George W. Bush y el Congreso estadounidense para dotar a las autoridades federales de un arsenal jurídico sin precedentes con el fin de luchar contra el terrorismo.

 

Tribunales militares

– El 13 de noviembre, el presidente George W. Bush firmó una orden con el fin de implementar un tribunal militar para juzgar a los extranjeros sospechosos de ser terroristas. Los magistrados y el jurado serán militares y los procesos se podrán desarrollar en forma totalmente secreta. Estos tribunales podrán imponer la pena de muerte con la votación de la mayoría de dos tercios.

 

Escuchas e instalación de micrófonos

– El fiscal general (ministro de Justicia) John Ashcroft autorizó la escucha y registro de las conversaciones entre los abogados y los clientes sospechosos de ser terroristas. Se le debe informar que sus conversaciones están siendo grabadas.

 

Inmigración

– Las autoridades federales crearon un «Programa para aquellos que cooperen de una manera responsable», con el fin de que los inmigrantes a Estados Unidos suministren información sobre eventuales terroristas a cambio de facilidades para la obtención de una visa y la eventual ciudadanía estadounidense.

 

Detenciones

– Las autoridades federales lanzaron una campaña de arrestos y detenciones. Hasta el momento, el Departamento de Justicia acusó a 110 personas de crímenes contra el Estado federal, de las que 60 están detenidas. Además, 563 personas están en otra prisión por haber violado las leyes de inmigración.

 

Ley antiterrorista

– El Congreso estadounidense aprobó el 25 de octubre una ley «patriótica» que permite a las autoridades federales ejercer poderes judiciales y policiales para ayudar en la lucha contra el terrorismo.

Esta ley autoriza:

* La escucha de comunicaciones de personas sospechosas de ser terroristas especialmente en Internet, aunque también a través del correo electrónico y telefónicamente.

* El intercambio de información entre el FBI y los servicios de inteligencia para que puedan pasarse información sobre las escuchas telefónicas.

* La posibilidad de mantener bajo detención hasta siete días a un extranjero sospechoso de ser terrorista sin que éste haya sido acusado.

* El endurecimiento de las penas en materia de crímenes terroristas.

* El refuerzo de la lucha contra la financiación del terrorismo. *