La Constitución norteamericana hecha trizas

NIKO SCHVARZ

 

En una mesa redonda sobre la educación para la paz un panelista expresó que las medidas aplicadas por el gobierno de EEUU están haciendo trizas uno de los documentos más hermosos de estos tiempos, la Constitución norteamericana. Al día siguiente el presidente Bush salía a la palestra para defenderse del aluvión de críticas que ha suscitado la remisión a tribunales militares de extranjeros sospechosos, a la vez despojados de todos sus derechos. Un corresponsal escribió desde Washington que ello implica «al desmantelamiento de un venerable y respetado sistema de libertades ciudadanas, garantías procesales y derechos constitucionales».

Tribunales militares secretos

Introducido por el secretario de Justicia John Ashcroft tras una visita conjunta al Pentágono, vimos en directo al presidente Bush cuando dijo textualmente: «Me reservo la decisión de someter a tribunales militares a los terroristas extranjeros». Lo justificó así: «Estamos en tiempos de guerra. Debemos considerarlos combatientes enemigos». En ese plano se dirigió a los fiscales, instándolos a «colocarse en la línea del frente de guerra». Hubo aplausos de una cohorte obsecuente y restringida, preparada ad hoc para la TV. Olvidaron la aguda frase de Clémenceau, de que la justicia militar es a la justicia igual que la música militar es a la música.

El mismo día, en conferencia de prensa conjunta de Bush con Aznar se planteó el tema de la extradición a EEUU de un grupo de detenidos en España acusados de actividades terroristas. El presidente del gobierno español aclaró que la legislación comunitaria europea impide la extradición si el acusado puede ser derivado a tribunales militares y si corre riesgo de pena de muerte (nadie lo sabe mejor que Bush, quien como gobernador de Texas detenta el récord de ejecuciones, sin haber sobreseído ninguna).

Poderes dictatoriales

De hecho, los tribunales militares ya están funcionando, sólo que en secreto y sin ningún control sobre sus actuaciones. El periodista William Safire sostiene que los tribunales militares implican «la atribución de poderes dictatoriales en el reemplazo del imperio de la ley por tribunales de parodia». La Human Rights Watch agrega que «los tribunales militares violan los derechos básicos del debido proceso garantizados por muchos tiempo en EEUU».

El corresponsal mencionado analiza el decreto de Bush (en particular el inciso F de la sección 1, la sección 2, el inciso A de la sección 3, la sección 7) y extrae la siguiente conclusión: «Si alguien ha sido arrestado por el Servicio de Inmigración y Naturalización porque tenía la visa vencida y Bush decide que es sospechoso de terrorismo, puede ser puesto a disposición del Pentágono y podría terminar ante un tribunal militar secreto, que puede condenarlo sobre pruebas que no deben mostrarse necesariamente porque hay que ‘proteger las fuentes’, pudiendo ser condenado, sin apelación, a la pena de muerte. Y esto puede hacerse dentro o fuera de EEUU».

Justamente, nada menos que Bob Woodward denunció hace una semana en el Washington Post que a pedido expreso de la CIA se efectuó una redada por parte de los servicios secretos de 50 países, América Latina incluida, siendo detenidas 360 personas sindicadas de mantener vínculos con terroristas. Un diplomático europeo señaló que «la presión de la CIA sobre los servicios de otros países es formidable».

Todo esto reunido transgrede abiertamente las normas que durante mucho tiempo los estadounidenses consideraron inviolables. No es de extrañar, por ende, que se hayan alzado voces de protesta y que en el Congreso se expresaran reticencias. Tanto más desde que EEUU está haciendo lo que criticó a otros gobiernos, caso del juicio por tribunales militares peruanos a la joven estadounidense Lori Berenson, acusada de connivencia con el MRTA. Pero Bush hasta ahora los ha llevado a todos de la nariz.

Legislación represiva

El tema tampoco se agota aquí. En virtud de la llamada «ley antiterrorista» hay más de 1.200 detenidos (cuya lista el gobierno se niega a publicar) sin que pese sobre muchos de ellos ninguna acusación concreta. En su inmensa mayoría están incomunicados, sin contacto con abogados ni familiares. Se ha extendido de dos a siete días el lapso para que se presenten cargos. Con la nueva legislación se permite realizar allanamientos sin orden judicial, lo que antes estaba rigurosamente prohibido, y revisar todos los papeles del morador, aun en su ausencia y sin notificarlo. Se puede espiar la correspondencia, las conversaciones de un sospechoso con su abogado, etc.

Por añadidura, se intenta criminalizar cualquier movilización o acto de protesta. Romper un vidrio, una jornada de reclamo estudiantil, una concentración frente a un organismo público, todo pasa a ser rotulado como acto terrorista. En síntesis, la Constitución norteamericana ha pasado a ser letra muerta.

Aviso a los navegantes: es posible que la próxima nota se las envíe desde el X Encuentro del Foro de São Paulo en La Habana, Cuba. *