Dos masacres campesinas en Bolivia

NIKO SCHVARZ

 

Mientras los bombardeos a mansalva en Afganistán y la matanza de 5 niños palestinos por el estallido del obús de un tanque israelí acaparan los titulares, en nuestra América Latina se sigue derramando la sangre. A las acciones de los paramilitares en connivencia con el ejército colombiano se suman dos masacres campesinas en Bolivia. La primera se produjo en la madrugada del viernes 9 de noviembre en el núcleo Pananti, en una zona situada a 40 kms. de Yacuiba, capital de la provincia del Gran Chaco, departamento de Tarija. Por allí pasó la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, de 1932 a 1935. Terratenientes con apoyo parapolicial asaltaron el campamento instalado desde hace dos años por el Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierras (MST), con un saldo de cinco campesinos muertos a balazos (Gerardo Alemán, Javier Pablo Velázquez, Benigno Arancibia, Pablo López y Sabelio Escobar), 30 heridos (uno de ellos, un niño, falleció después) y el terrateniente Teófilo Urzagasti, ultimado a pedradas. El ataque con fusiles, carabinas y revólveres frente a campesinos que se defendían con palos, flechas y piedras, se verificó horas después de firmado un acuerdo entre Angel Durán, del MST, Humberto Choque, de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y los ministros Leopoldo Fernández, Ramiro Cavero y Walter Núñez, de Agricultura. El gobierno asumía compromisos sobre la tierra, la Ley de Reforma Agraria, otros aspectos económicos y sociales.

En octubre pasado, el MST boliviano en su Congreso nacional declaró la guerra al latifundio y reclamó medidas del gobierno, amenazando con toma de tierras y bloqueo de carreteras. Los latifundistas, que son el 4,5% de los propietarios agrarios, detentan el 70% de la tierra. La reforma agraria se aplica con lentitud desesperante, ya que las demandas territoriales indígenas comprenden 22 millones de hectáreas y el Instituto de la Reforma Agraria ha saneado apenas el 3,8% de esa superficie. En un país donde la minería está en vías de extinción y no hay otras fuentes de trabajo reales, la posesión de un trozo de tierra pasa a ser la única posibilidad de subsistencia. La hacienda Pananti, de 3.000 hectáreas, era propiedad de la familia Lea Plaza, desde que se la entregó el dictador Hugo Banzer en 1974.

Por su parte, sectores de propietarios nucleados en el Comité Cívico de Santa Cruz formularon una virtual declaración de guerra e hicieron un llamado al ejército y a la policía a defender sus tierras de una eventual invasión campesina. Los propietarios madereros se sumaron a una fuerza irregular armada de 200 personas, que contó con el apoyo de 300 policías. En el Gran Chaco, días antes del asalto al núcleo Pananti hubo enfrentamientos de latifundistas versus campesinos, con decenas de heridos. La iglesia inició una mediación. Antes aún, el MST había ocupado una reserva forestal y mantenido como rehenes un grupo de policías, acción que fue apoyada por los cocaleros liderados por el diputado Evo Morales. Se planteó el corte de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que hoy tratan de desbloquear cinco mil efectivos del ejército y la policía, que han militarizado el Chapare tropical. Esto se vincula a la segunda matanza. Una información desde La Paz señala que mientras el presidente Jorge Quiroga, de regreso de la ONU, voló a Yacuiba para visitar a los heridos, el dirigente del MST Angel Durán pasó a la clandestinidad «por las amenazas de los paramilitares que se apoyan en las autoridades de la escuela de los Cóndores de Sanandita, donde se preparan tropas de elite para todo el continente».

Los hechos en el Chapare, en la localidad denominada Senda 6, camino troncal entre Cochabamba y Santa Cruz, se precipitaron el jueves 15 de noviembre. «Los Tiempos» de Cochabamba dice en tapa el viernes 16: «La tozudez de los cocaleros y la represión violenta de las fuerzas del orden terminaron ayer con la vida de tres personas en Senda 6, a 220 kms. de Cochabamba, en una jornada marcada por los intentos de bloqueo de la principal carretera del país. Además, 18 personas quedaron seriamente heridas, y varios cocaleros fueron detenidos tras los incidentes. El gobierno dijo que las muertes se produjeron a raíz de un cerco de más de 400 cocaleros a un camión de efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta a quienes intentaban quitar las armas». Los muertos son: Abel Orozco (35), Máximo Rojas (22) y Claudio Quiroga (35), que falleció en el hospital). Al día siguiente el diario lo desmintió al titular a toda página: «Chapare: les dispararon por la espalda». La crónica comienza así: «Los tres fallecidos de los enfrentamientos del jueves 15 en Senda 6 recibieron disparos por la espalda. Muchos de los heridos se hallaban a más de 100 metros del vehículo militar que habrían pretendido asaltar». La ceremonia del sepelio fue imponente. Recorrieron más de 60 kms. por carretera portando los féretros a hombro, bajo lluvia, desde Villa Tunari (donde se practicaron las autopsias) hasta Senda 6, con actos de protesta en cada población intermedia. Leemos en «La Razón», también de Cochabamba, un relato de las autopsias practicadas por los forenses ante policías, familiares, campesinos y periodistas, cuya conclusión es que las tres víctimas «recibieron impacto de bala por la espalda».

«Los Tiempos» recoge la denuncia de la Asamblea de DDHH de Tarija según la cual a los heridos de Pananti no se les brinda atención adecuada en el hospital de Yacuiba. Y señala que a los muertos del 9 de noviembre se agrega el niño Vidal Vargas, que figuraba entre los heridos y falleció en la noche, sin que fuera notificada su madre.*