Un fallo para salvar a Menem y a la clase política

ISIDORO GILBERT

 

Un integrante de la Comisión de Lavado de Dinero que encabeza la diputada del ARI, Elisa Carrió, que acaba de emitir un informe sobre «la matriz del Estado mafioso», donde hay lazos que unen a los gobiernos de Raúl Alfonsín, Menem y De la Rúa, le dijo a este diario: «Ahora ningún juez querrá investigar las conclusiones de ese comité».

Más allá de las controversias que siempre ha creado la figura de asociación ilícita, el fallo recibió fuertes objeciones. Llama la atención que la Corte «analizó en tres semanas un expediente de 61 mil carillas y 100 mil documentos (y) parece que profundizó poco el análisis de la ruta del dinero negro, de los decretos presidenciales que tenían a Panamá y Venezuela como destinos falsos y del convenio entre el Ejército y Fabricaciones Militares, entre otros ejes de una de las pocas causas que rozó a Menem», subraya Daniel Santoro, el periodista de Clarín que más investigó sobre el escándalo y tiene publicados dos libros sobre el asunto.

¿Qué dice el fallo sobre las coimas? Sostiene que imputar al cuñado de Menem, Emir Yoma, cobrándolas «se sustenta únicamente en los aislados y tardíos dichos» de Luis Sarlenga, un «arrepentido» del menemismo colocado por el presidente en Fabricaciones Militares, supuestamente para facilitar la operación.
Pero en la causa «queda claro que no fueron dichos aislados, sino que concuerdan con el testimonio de la ex secretaria privada de Emir, Lourdes Di Natale, y con un peritaje del Banco Central sobre la cuenta Daforel del banco MTB de Nueva York enviada por la Justicia de EEUU, entre otros elementos. Y, además, guarda lógica con el escrito que presentó, hace dos semanas, el presidente de Multicambio y dueño de Daforel, Pedro Stier, según la cual un pago de 200 mil dólares del traficante de armas Diego Palleros lo cobró, en 1994, «gente de Yoma SA.» Apabullante, pero ignorado. Otro dato: el Banco Central resolvió dejar de colaborar con el juzgado del caso armas.

Además, la Corte sostuvo que no existe el delito de falsedad ideológica de tres documentos de este tipo, a pesar de que Emir Yoma, quien presentó el recurso de queja, no estaba imputado por ese delito porque no era funcionario. Entonces ¿por qué se refirió a otro delito por el cuál estaba procesado Menem si no era el objeto de la petición de Emir? ¿Cómo explica, por ejemplo, que el decreto autorizó la venta de armas a empresas fantasma de un traficante de armas y que se hayan aceptado certificados de destino final falsos para cumplir con los trámites administrativos? La explicación la da el enfoque político del fallo, la necesidad de proteger al ex presidente con la complacencia de sectores políticos.

Tampoco el fallo tomó en cuenta otros documentos claves ni explica qué pasó con las armas que el Ejército, bajo la gestión del general (r) Martín Balza (a quien ayer Menem visitó en su centro de detención en Campo de Mayo) entregó a Fabricaciones Militares casi la mitad de las 6.500 toneladas de armas y municiones que terminaron en Croacia y Ecuador y justificó el hecho con este acuerdo.

«La Corte sostuvo el mismo criterio que con los decretos: que no hubo falsificación ideológica, pero en este caso tampoco había sido un reclamo de Emir. Por este delito estaba procesado el general Balza. Además, no explica ¿cómo puede ser que en la causa haya dos documentos originales de ese convenio y los dos sean diferentes? Uno escueto y otro con agregados en los que se dice que el Ejército entregó 6 cañones de 155 milímetros para ser «transformados» en cañones CALA. Y que a seis años de las maniobras, al Ejército le siguen faltando, por lo menos, 10 cañones pesados», recuerda Santoro.

Además, pruebas obtenidas luego de la confirmación del procesamiento de Emir por parte de la sala II de la Cámara Federal no fueron tomadas en cuenta para un fallo tan tajante. Por ejemplo, el testimonio de dos militares que se reunieron con Menem para negociar una frustrada venta de submarinos a Taiwan.

Hay más: «Si la Corte decidió que no hubo delito de asociación ilícita en la causa, ¿por qué no se detuvo a explicar los motivos por los cuales Menem, según declaró su ex subsecretario general de la Presidencia, Esteban Caselli, ordenó en 1993 que (el ex ministro de Defensa Oscar) Camilión no echara a Sarlenga de Fabricaciones Militares, un mero director de una empresa?».

Sobresale una amenaza. El fallo dedica una carilla para criticar a jueces, fiscales y medios de comunicación, en vez de analizar la prueba acumulada en el expediente trazando una, por lo menos, poco feliz comparación entre la represión ilegal de la dictadura con la causa por la venta ilegal de armas.

Con esas críticas la Corte llevó al apartamiento de la causa de los jueces de la sala II de la Cámara Federal, considerada independiente, y ahora el menemismo quiere lo mismo con el juez federal Jorge Urso y Carlos Stornelli. Pero el presidente de la Corte, Julio Nazareno, y su colega Adolfo Vázquez, que fueron socios o amigos de Menem, votaron en vez de inhibirse para garantizar la transparencia del fallo.

Formalmente Urso debe seguir investigando el supuesto enriquecimiento ilícito del dinero y el otro juzgado, el Penal Económico, el contrabando por lo que aún están detenidos el ex ministro de Defensa Antonio Erman González y Balza, y hay otros, civiles y militares, procesados.

O se entierra definitivamente el caso y «aquí no ha pasado nada» ni con las armas y menos con las coimas (el fallo no se pregunta siquiera qué ha pasado con el dinero cobrado por la venta), o alguien hará de chivo expiatorio. Se entiende por qué los ciudadanos están tan escépticos. *