El informe Carrió va a la Justicia e implica a Menem

ISIDORO GILBERT

 

Pero el destino de esta pesquisa de honda conmoción pública debe rastrearse con los cambios negativos que se operan en el Poder Judicial, orientado a poner una mano de olvido sobre el pasado.

Básicamente el escrito de 400 páginas desnuda a las instituciones públicas, el régimen financiero, los principales actores políticos, empresarios y bancarios, y su articulación en «un sistema paralelo creado al servicio de la especulación, la concentración y la rapiña», representan el núcleo de «la matriz del Estado mafioso».

Los diputados sostienen que esta arquitectura paralela, cuyos «responsables políticos» serían, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, su ex secretario Alberto Kohan, el ministro Domingo Cavallo y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, tuvo como «garante de la impunidad» a la Corte Suprema de Justicia.

La lucha sigue

«Nuestra lucha no concluye con este informe, sino que continuará aun a riesgo de nuestras propias vidas», sintetizó Carrió poco después de presentar su trabajo en la Cámara de Diputados. «Menem y Cavallo compartían los mismos negocios ilícitos», fue la explicación elegida por Carrió para sentar una tesis: cada negocio remitía, muchas veces en paralelo, por vía de sus funcionarios propios, al entonces Presidente y el entonces superministro de Economía.

El texto actual es más ordenado que aquel presentado el 10 de agosto, un informe preliminar, que irritó a sectores poderosos que buscaron descalificar el trabajo de la comisión, que a la postre se dividió. El resto de los diputados de la investigadora presentará otros informes de minoría por su lado. Solamente habría unanimidad en cuanto a las recomendaciones para modificar el marco legal sobre lavado en la Argentina. Aparte del de Carrió, hay otro dictamen ya presentado por el menemista Daniel Scioli, que en definitiva dice «aquí no se prueba nada»; un tercero que están terminando los radicales Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer y el que entregarán el próximo martes Cristina Kirchner, Carlos Soria y Franco Caviglia (peronistas).

El trabajo de Carrió se centró en la investigación de los diferentes tipos de ilícitos que generaron dinero sucio en los últimos 15 años y cómo este capital se lavó en cuentas de bancos norteamericanos previo paso a través de bancos máscaras, cuentas negras y compañías financieras off shore vinculados a bancos de titulares argentinos. Los legisladores analizaron cómo el dinero sucio proveniente de actividades ilícitas, sobre todo narcotráfico, fue lavado por medio de bancos con autorización del Banco Central. Y por último investigaron qué tipo de inversiones se realizaron en el país con estos fondos ilegales.

Para explicar la «matriz del estado mafioso», los legisladores buscaron discriminar los casos de lavado que ocurrieron a partir de hechos ilícitos cometidos en el país y de los que sucedieron fuera de la Argentina.

El contexto

Graciela Ocaña, una de las que firma el informe Carrió, anticipó a este diario que entre los anexos irá una lista de argentinos dueños de sociedades uruguayas que les sirven de pantalla para sus negocios; las bases para profundizar la investigación de usos de fondos de auxilio económico a las provincias que dieron lugar a potenciales ilícitos y otros puntos que merecen profundizar la pesquisa. La semana próxima el trabajo será presentado al fiscal de turno para que eleve la acusación al juez.

No escapa a los legisladores que acompañaron a Carrió el clima que se vive ante las noticias que la Corte Suprema de Justicia facilitaría la libertad de Menem, negando que una «asociación ilícita» concretó el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y que se vaya camino a unificar las causas en el juzgado penal económico y el juzgado federal, que tipificó el delito ahora cuestionado. El fiscal Carlos Stornelli, del juzgado federal, cree que el tribunal de Casación pondrá todo el caso en manos del juez Julio Speroni, del juzgado penal económico que acaba de dictar «falta de mérito» a favor de Menem por «contrabando calificado» de pólvora a Croacia.

Esto podría abrir el camino para que el ex presidente quede absuelto de todos los delitos conexos a la venta ilegal de armas, e incluso frenar la investigación por enriquecimiento ilícito.

No sólo eso: un «particular» pidió al juez federal Canicova Corral que investigue a la «asociación ilícita» integrada por las diputadas Carrió y Ocaña, el abogado, Ricardo Monner Sans, motor de la causa y del periodista Daniel Santoro, autor de dos libros sobre el tráfico de armas y la pluma que desde «Clarín» ayudó a la investigación. «Se quieren castigar los deberes del ciudadano de reclamar transparencia», comentó Monner Sans a este diario.

En este contexto, el informe Carrió va a los tribunales. «Necesita del apoyo de la opinión publica», confesó Graciela Ocaña a LA REPUBLICA. *