EEUU investiga a Pinochet

Washington, Reuters

El ex embajador de Chile en Estados Unidos, Orlando Letelier, un influyente opositor al régimen de Pinochet, y su secretaria estadounidense Ronny Moffitt, murieron en la poderosa explosión de un autobomba en el sector diplomático de Washington el 21 de setiembre de 1976.

Seis personas fueron encarceladas hace varios años por el atentado, pero el gobierno de Estados Unidos no había centrado su investigación en Pinochet hasta que el ex dictador fue arrestado en Gran Bretaña hace 17 meses tras una petición judicial de España, para enjuiciarlo por el asesinato de españoles en Chile en los años setenta.

La investigación de un Gran Jurado se mantuvo congelada por algún tiempo, pero el Washington Post dijo que un equipo legal de Estados Unidos llegó el miércoles a Santiago para cumplir un procedimiento judicial que involucra a 42 testigos potenciales citados por la Corte Suprema chilena en nombre del gobierno estadounidense.

Como parte de la investigación que tiene como objetivo determinar si Pinochet ordenó la colocación y explosión de la bomba, los fiscales estadounidenses buscan entrevistar testigos en Chile.

Las posibilidades de que Pinochet, en caso de ser acusado, sea extraditado a Estados Unidos para ser sometido a juicio, son muy remotas debido a su debilitado estado de salud y por los problemas legales de un antiguo tratado de extradición entre los dos países.

Acusación con simbólico valor

Pero funcionarios estadounidenses sostienen que una acusación tendría un valor simbólico y podría ejercer presión para que se enjuicie en Chile a Pinochet por abusos a los derechos humanos durante su régimen de 17 años.

«Deben enviar un mensaje con las investigaciones, sin que importe hasta dónde puedan llegar en su intento», dijo el diario de Washington citando a Thomas P. Carey, un funcionario del departamento antiterrorista del FBI en Washington, quien agregó que «este fue realmente un crimen horrible».

La Corte Suprema de Chile aprobó el procedimiento hace una semana, levantando la posibilidad de que Pinochet pueda ser acusado de responsabilidad en millares de crímenes y episodios de tortura durante su gobierno de 1973 a 1990.

La corte chilena actuó a petición de Estados Unidos menos de dos semanas después del regreso de Pinochet a ese país, el 3 de marzo, cuando las autoridades británicas lo liberaron basadas en el pobre estado de salud del ex dictador.

«Las ruedas de la Justicia algunas veces son muy lentas», dijo Isabel Letelier, la viuda del embajador, quien vivió durante 30 años en Washington y reside ahora en Santiago.

Letelier dijo que recibió garantías de un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que el gobierno de este país investiga «vigorosamente» el caso.

La viuda del asesinado diplomático dijo también que el nuevo gobierno de Chile, encabezado por Ricardo Lagos, un disidente en la era de Pinochet y el primer presidente socialista de Chile en 27 años, está comprometido a trabajar con los investigadores estadounidenses.

Investigadores federales en Washington comenzaron a reunir evidencia en un esfuerzo por vincular a Pinochet con el asesinato de Letelier y extender posiblemente la investigación para incluir una acusación de obstrucción de justicia.

Cooperación de la CIA

La cooperación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha ayudado a que la investigación reciba impulso y funcionarios consideran ahora convocar a un nuevo Gran Jurado, dijeron al Post funcionarios de la Justicia estadounidense.

El estallido del autobomba todavía se considera como el más notable acto de terrorismo internacional jamás cometido en Washington y algunos funcionarios de justicia sostienen que es el único caso probado de terrorismo auspiciado por un Estado en territorio estadounidense.

Investigadores del FBI en Washington comenzaron a trabajar con funcionarios de la CIA en meses recientes para depurar las listas de personas que podrían haber tenido acceso a Pinochet en las semanas cercanas a la explosión que mató a Letelier.

«El Departamento de Justicia, bastante recientemente, revitalizó su investigación en el caso Letelier», dijo al diario de Washington un alto funcionario. «Nos pidieron ayuda y estamos felices de poder suministrarla».

El proceso aprobado la semana pasada por la rama criminal de la Corte Suprema de Chile requiere que todos los 42 testigos se presenten para entrevistas juradas ante un juez chileno, quien los cuestionará en base a preguntas transferidas por las autoridades estadounidenses en enero, pero no se permitirá que estén presentes en el salón agentes del FBI ni fiscales de Estados Unidos. Pero los intereses de Estados Unidos estarán representados en la corte por el abogado chileno Alfredo Etcheberry.