Un magnicidio no resuelto

Asunción AFP

Los nuevos detentadores del poder culparon directamente del crimen al mandatario depuesto y a su mentor político Lino Oviedo, quien había posibilitado su ascenso a la presidencia.

La defensa de ambos sostiene sin embargo que Cubas fue víctima de un complot para derrocarlo.

Nelson Argaña, hijo del vicepresidente desaparecido, asegura que Oviedo asesinó a su padre con el objetivo de asumir la vicepresidencia en elecciones y de ahí catapultarse como presidente, previa renuncia de Cubas.

Max Narváez, defensor de Oviedo, señala en contrapartida que hay serios indicios de que el vicepresidente ya estaba muerto –posiblemente de muerte natural– cuando se produjo el atentado que también segó la vida de su guardaespaldas Francisco Barrios.

En la emboscada perpetrada por tres sicarios, el chofer, Víctor Barrios, sobrevivió milagrosamente.

El gobierno de González Macchi, influido por los nueve hijos de Argaña, se excusó de traer a Paraguay a investigadores especializados del FBI o de Scotland Yard como había solicitado el ex presidente Cubas antes de su caída, denunció la defensa de los acusados. Desde su asunción presidencial el 28 de marzo pasado tras la obligada renuncia de Cubas, el ex titular del Senado y hoy mandatario, Luis González Macchi, se resiste a convocar a elecciones y se aferra a una resolución de la Corte que, según su interpretación, lo habilita a finalizar el período de gobierno en el 2003.

Sin embargo, el Partido Liberal, la influyente segunda fuerza, se alejó de la coalición que Macchi conformó hace un año y sus dirigentes exigen al gobernante que renuncie.

La salida de Macchi se ha convertido en bandera de casi todo el espectro de dirigentes políticos y aun de los sectores sociales, sindicalistas y campesinos.

El presidente conserva sin embargo un tímido apoyo del sector empresarial, de grupos de intelectuales y de la Iglesia Católica que lo instan a continuar previa corrección de rumbos.

Este sector coincide con la visión del departamento de Estado estadounidense, cuyo subsecretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Peter Romero, declaró la semana pasada que es preferible la continuidad de Macchi a que los paraguayos elijan hoy a sus mandatarios.

«Si la estructura no funciona, el problema no es el cambio de chofer», graficó Romero durante su visita.

El régimen, integrado por numerosos ex funcionarios de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954/89), recibe a diario duras críticas a su gestión desde distintos sectores, sobre todo por la corrupción imperante.

La mayor parte de las denuncias provienen de sus ex aliados liberales y sectores sociales o sindicales.

Monseñor Claudio Gimenez, obispo de Caacupé, admitió que «hace falta una conducción firme y clara» en Paraguay al tiempo que dijo desconfiar de las promesas del Gobierno.

Yoyito Franco, presidente del Partido Liberal denunció a su turno que «la democracia en el país está en terapia intensiva». Fue luego de entregar a los dirigentes de su partido un diagnóstico de la situación socioeconómica y política.

La política Milda Rivarola, que apoyaba hasta hace un par de meses a la administración González Macchi, reconoció que Paraguay está «igual o peor que hace un año» mientras que un grupo de empresarios exhortó a Macchi «a desterrar la impunidad».

El sacerdote jesuita Francisco de Paula Oliva, que lideró la permanencia de los opositores (antioviedistas) en la Plaza del Congreso, donde murieron siete jóvenes a balazos el 26 de marzo, atribuidos por el actual gobierno a los oviedistas, lanzó una campaña bajo el lema «si pudimos (desalojar al gobierno de Cubas) podemos (reencauzar a Gonzalez Macchi)».

Los partidarios del general Oviedo y de Cubas se reagruparon y reclaman directamente la renuncia del presidente y la convocatoria inmediata a comicios.

Precisaron que Macchi «se ahoga en su orfandad popular» y que teme enfrentarse a elecciones libres «porque vamos a volver a ganar», expresó el apoderado del movimiento oviedista Unace, Max Narváez.