La acción fue ordenada por el juez Baltasar Garzón

Detenidos miembros de apoyo a prisioneros de ETA

Estas 13 detenciones, bajo la acusación de «integración en banda armada», se produjeron en 9 nueve ciudades, entre ellas las capitales provinciales vascas Bilbao, Vitoria y San Sebastián, y Pamplona.

La acción fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional –principal instancia penal española–, Baltasar Garzón, en el marco de una vasta investigación abierta hace tres años sobre las supuestas redes de apoyo a ETA.

Alrededor de 200 policías participaron en la operación, denominada «Udazken» (otoño, en vasco) y supervisada personalmente por Garzón desde Bilbao.

Los agentes también efectuaron un registro que duró cerca de seis horas en la sede principal de la asociación en Bilbao.

Fundada en 1979, Gestoras Pro Amnistía reivindica el reagrupamiento en el País Vasco de todos los presos de ETA, actualmente dispersados por cárceles de todo el territorio español.

El movimiento paga, además, un «salario» mensual de 25.000 pesetas (135,9 dólares) o de 1.200 francos (165,4 dólares) a los separatistas vascos detenidos en España o en Francia.

Las investigaciones policiales «han permitido constatar que Gestoras Pro Amnistía actuaría como una estructura más del organigrama de ETA», afirmó este miércoles el ministro del Interior español, Mariano Rajoy, en una conferencia de prensa.

El portavoz de Gestoras Pro Amnistía, Gorka López, afirmó por su parte que su asociación «trabaja por la erradicación de la tortura y contra la persecución de las ideas».

Su actividad «no encaja con el delito de pertenencia a banda armada», aseguró durante una conferencia de prensa en San Sebastián (norte).

La operación «Udazken» se inscribe en el cuadro de la ofensiva judicial lanzada en mayo de 1998 por el juez Garzón contra las asociaciones y los organismos considerados como integrantes del «entorno político» de ETA.

Esta ofensiva se plasmó, especialmente, en la detención de un centenar de personas, el cierre del periódico separatista Egin en 1998 y la ilegalización del movimiento juvenil radical Haika en marzo de 2001.*

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