EEUU podría implantar el documento de identidad

Luego de la reciente ola terrorista, numerosos funcionarios subrayaron la necesidad de reanudar la reflexión sobre la implantación de un sistema nacional de identificación de los ciudadanos, residentes extranjeros e inmigrantes temporarios, como sucede en otros países occidentales. «Estamos en un nuevo mundo. Esos acontecimientos modificarán el equilibrio entre libertad y seguridad», estimó el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Richard Gephardt.

«Es probable que conozcamos en este país más restricciones a nuestras libertades individuales que en el pasado», advirtió por su parte la jueza de la Corte suprema Sandra Day O’Connor.

Larry Ellison, presidente de la firma de programas informáticos para bancos de datos Oracle, fue quien despertó al dragón. «Necesitamos una tarjeta de identidad nacional con fotografía y huella digital, impresa y digitalizada», afirmó a fines de setiembre en la televisión californiana. Ellison proponía incluso «proporcionar el programa de manera gratuita».

Curiosamente, gran parte de la opinión pública no es reticente a la idea, según un reciente sondeo del Pew Research Center, en el que siete estadounidenses de cada diez se declaró favorable al porte obligatorio de una tarjeta de identidad exigible en un eventual control policial. Una propuesta en tal sentido habría llegado hasta la oficina presidencial, pero funcionarios de la administración Bush descartaron públicamente la idea.

En ausencia de un sistema centralizado, los permisos de conducir emitidos por cada estado de la Unión hacen las veces de carta de identificación. Las pequeñas tarjetas plastificadas incluyen nombre, dirección, fecha de nacimiento, altura, peso, color de ojos y obviamente una fotografía.

El sistema centralizado existe únicamente para los legajos judiciales: se trata del Sistema integrado de identificación de huellas digitales automatizado (IAFIS), administrado por el FBI, que entró en vigencia en 1999. Incluye 41 millones de huellas digitales de criminales y puede manejar una consulta en menos de dos horas, contra 45 días con el sistema anterior. La última tentativa de instaurar tal sistema de identificación nacional data de 1997, pero el proyecto de ley, presentado como una medida destinada a luchar contra la inmigración ilegal, fue enterrado rápidamente.

En un país de tradición anglosajona, preocupado por el orden y la seguridad pero celoso de sus libertades y desconfiado del Estado, la idea continúa provocando una oposición frontal de sectores dispares.

Tanto en la derecha, en los medios ultraconservadores como en los sectores libertarios y en la izquierda y organizaciones de defensa de los derechos civiles, los detractores citan tres inconvenientes mayores: ataque a la vida privada, riesgo de falsificación y una gestión pesada y costosa. *