Las tareas que tendrá el próximo presidente ruso

Françoise Michel Moscú, AFP

«Somos un país rico de gente pobre», se ha limitado a constatar el actual inquilino del Kremlin en su carta-programa. «La pobreza es nuestro peor problema», repitió este fin de semana.

Desde la caída de la URSS a finales de 1991, las desigualdades sociales no han cesado de aumentar: el 10% de la población se lleva actualmente cerca de un tercio de los ingresos, mientras que el 35% vive por debajo del límite de la pobreza, que está estimado en 36 dólares mensuales aproximadamente. El gobierno tampoco ha podido por su parte solucionar la cuestión de los atrasos salariales, que se acumulan regularmente.

En el frente económico, las bases de la transición hacia la economía de mercado han sido implementadas, pero prácticamente ninguna de las grandes reformas estructurales ha desembocado en algo de tangible.

Rusia está lejos de ser un Estado de derecho, donde los contratos sean respetados, las decisiones de la justicia aplicadas, los derechos de los pequeños empresarios y los accionistas minoritarios tomados en cuenta.

Una de las reformas más urgentes, ya iniciadas, reside en el campo de la fiscalidad. Poca gente paga sus impuestos y los que las pagan están muy afectados.

Además numerosas empresas continúan pagando sus impuestos en especies, a pesar de las repetidas críticas del FMI.

«Los retrasos en las reformas estructurales» llevan en particular a «dudar de la durabilidad del crecimiento» en Rusia (3,2% en 1999, según cifras provisionales), señalaba a inicios de marzo la OCDE. La otra consecuencia de ese régimen fiscal disuasivo es una fuga de capitales del orden aun de casi 1.000 millones de dólares al mes. El resultado es que las inversiones faltan cruelmente, en particular en el sector productivo.

Las inversiones directas extranjeras se elevaron a 4.300 millones de dólares el año pasado. A título de comparación, esas inversiones fueron de 8.300 millones de dólares en Polonia, un país cuatro veces más pequeño que Rusia.

Los inversores parecen igualmente preocupados por el nivel de corrupción de la burocracia y el control de la mafia en la economía. Putin aseguró por otra parte que una de sus prioridades será «proteger el mercado de las acciones ilegales de funcionarios y criminales».

Según Interpol, unas 40.000 empresas y 550 bancos están controlados por la mafia.

Es en ese contexto que Putin, aunque se manifiesta partidario de las tesis liberales, tiene intención de restaurar un Estado fuerte, que juegue un papel más incitador en los sectores económico y social.