Arrestan a un militar por criticar al ex jefe de la FFAA

por Isidro Gilbert

Las organizaciones defensoras de derechos humanos preparan activamente actos rememorativos del aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que abrió el período más negro e imposible de olvidar de la historia argentina, con la secuela de 30.000 desaparecidos, dolores irreparables y el inicio del desmantelamiento del sector estatal de la economía que profundizaría Carlos Menem desde 1989.

En este contexto, irritó sobremanera a las entidades humanitarias el ascenso al grado de general de media docena de oficiales con antecedentes de violar los derechos humanos en los años del terror. Ha ocurrido en el pasado, pero incluso en tiempos de Menem –que amnistió a los militares condenados a perpetua por crímenes en los años de plomo– el Senado Nacional, con mayoría justicialista, rechazó numerosos pliegos de ascenso ante los reclamos, particualrmente, del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), que es muy respetado por la seriedad de sus datos.

El CELS esta vez no fue escuchado y el presidente Fernando de la Rúa avaló la petición del jefe del Ejercito, general Ricardo Brinzoni, y del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, y puso su autoridad a favor de los ascensos. Dos pedidos para otros dos coroneles fueron rechazados por la Comisión de Acuerdos del Senado.

No todo es lineal. Ayer el jefe del Ejército le aplicó un arresto de 30 días al general de división (r) Genaro Díaz Bessone por sus críticas a la autocrítica que hizo en nombre del arma en su momento, el general Martín Balza. Díaz Bessone es el titular del Círculo Militar, y la comisión directiva había expulsado a Balza de sus filas argumentando que el ex jefe del Ejército respaldaba a una entidad militar-social rival.

La sanción de Brinzoni no se vincula a esa medida de una entidad social que debe evaluar un Tribunal de Honor, sino por las duras críticas políticas contra Balza, aunque la expulsión del Círculo Militar está vinculada a sus posiciones contra el terrorismo de Estado que los viejos oficiales, que son mayoría en esa entidad, respaldaron.

Un debate por indemnizaciones

No es improbable que Brinzoni haya querido, con el arresto de Díaz Bessone, emitir una señal a los ciudadanos sensibles respecto al terrorismo de estado, en vista de los ascensos que promovió. O también por sus declaraciones en materia de secuestro de bebés en cautiverio. A él no le constaba la existencia de una plan sistemático, declaró, a contramano de la Justicia, que puede probar con documentos que tiene en sus manos y otros que busca y que el Ejército, y otras fuerzas armadas, niegan poseer.

El presidente de la Rúa recibió en su despacho a Ragnar Hagelin, padre de la joven de origen sueco, Dagmar, secuestrada-desaparecida desde el 27 de enero de 1977. Hagelin cobrará una indemnización por los daños morales que le produjo la tragedia, según lo ordenó la Corte Suprema de Justicia tras doce años de trámites judiciales y que exigió que se cumpliera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En rigor, debía ser el gobierno de Menem el que tenía que cumplir la sentencia. Lo hizo De la Rúa, pero ayer se desató un pequeño escándalo cuando se supo que los actuales abogados de Hagelin son parientes del pretendiente por la Alianza a la jefatura del gobierno porteño, Aníbal Ibarra.

¿Hubo tráfico de influencias? Es lo que se pregunto Néstor Ibarra, un importante periodista radial sin vínculos sanguíneos con el político. Habrá que corroborarlo porque la decisión presidencial es anterior a que Hagelin designara a los abogados parientes del candidato aliancista. Ocurre que esta indemnización desató otra vez un debate que divide a las entidades defensoras de derechos humanos.

Las Madres de Plaza de Mayo, que orienta Hebe de Bonafini, siempre repudiaron a quienes aceptaron indemnizaciones estatales a favor de parientes de detenidos-desaparecidos, o para aquellos que sufrieron otros embates de la represión de la dictadura. Otras entidades sí han respaldado ese pago en el pasado.

Hagelin negó que el dinero que cobrará, unos 700 mil dólares, sea en pago del destino trágico de su hija, sino como reparación a los daños morales y comerciales que le produjo la represión.