EEUU planea extender la guerra a Colombia

El lunes 15 se reunió en sesión especial una comisión de la OEA para escuchar al coordinador de asuntos terroristas del Departamento de Estado, Francis Taylor, quien anunció la intervención en Colombia, incluida la militar como parte de la lucha mundial antiterrorista. El titular de la OEA, el ex presidente colombiano César Gaviria, guardó silencio. Un diario bogotano dijo que «los anuncios de una intervención militar norteamericana bajo la excusa antiterrorista deben ser interpretados como el aviso de más dolor, miseria, destrucción y escalamiento de la guerra» y que «sólo el diálogo, la negociación, el acuerdo y el compromiso pueden acercar la paz con justicia social».

Como el manicomio

Las organizaciones terroristas diseminadas por el mundo han sido objeto de una peculiar clasificación por Estados Unidos, el país que practica el terrorismo de Estado en mayor escala y acaba de otorgar plenos poderes, incluso para matar, a una patentada organización terrorista como la CIA. A pretexto de la lucha antiterrorista, su propósito es acentuar su dominio militar en vastas regiones (casualmente las de mayores reservas de petróleo y gas). En esa lista, como en los manicomios, no son todos los que están, y mucho menos están todos los que son.

De la exposición y posteriores declaraciones del funcionario yanki quedó de manifiesto su objetivo de ablandar el terreno para una mayor penetración militar en Colombia. La lista oficial norteamericana incluye junto a los grupos islámicos a las FARC, las mismas que en estos momentos dialogan con el gobierno con vistas a una tregua, un cese del fuego y de hostilidades, habiendo prorrogado el presidente Pastrana la zona de distensión hasta el 20 de enero. Se informa que a último momento, y a regañadientes, se incluyó en la nómina a los grupos paramilitares de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

Terrorismo paramilitar

En las últimas semanas estas bandas han multiplicado sus atentados criminales, sus masacres en poblados campesinos al estilo de los yankis en Vietnam, el asesinato de sindicalistas y de dos parlamentarios de Arauca, Octavio Sarmiento y Luis Alfredo Colmenares, con premeditación y alevosía (ver nuestra nota del día 14), al extremo de que fuerzas políticas del departamento se reunieron con el gobierno para reclamar medidas en la región que está siendo cercada por las AUC.

Ya no se puede ocultar el estrecho vínculo que liga a estas bandas criminales con el ejército. Es vox populi en Colombia. Dice un comunicado de las FARC: «En todas las operaciones militares que hemos lanzado contra los paramilitares, nos hemos encontrado con que los muertos tienen documentos de identidad que los acreditan como militares en servicio activo. Las masacres de Mapiripán en el Guaviare, de Trujillo en el Valle del Cauca, la de Chenge en Sucre y las últimas donde murieron más de 140 campesinos son pruebas contundentes de la relación directa entre los paramilitares y el ejércitos de los generales Fernando Tapias y Jorge Mora» (el primero de los cuales anda ahora por Washington mendigando dinero y helicópteros). Agregan que «las tropas unas veces operan con brazaletes oficiales y otras con brazaletes de los paramilitares». Se recordará que Human Rihts Watch denunció con pelos y señales la conmixtión de las AUC con destacamentos del ejército (particularmente las brigadas números XXIV, III y V). La Oficina del alto comisionado de la ONU declaró que «el gobierno debe aplicar decididamente estrategias de lucha contra el paramilitarismo; tiene la ineludible responsabilidad, en el combate a la impunidad, de investigar, juzgar y castigar a los culpables».

El Defensor del Pueblo abrió una investigación al Batallón Palacé (en Buga) por la masacre de más de 30 campesinos en las cercanías de la formación militar, pero el hecho se reproduce en muchas guarniciones, en cuyos alrededores masacran los paramilitares.

Amnesty International dice que «la única vía para detener la dura crisis de los DDHH en Colombia es detener la ayuda militar, que le envía una clara señal al ejército de que es libre para desarrollar su estrategia contrainsurgente –de la cual los grupos paramilitares y la guerra sucia son parte integral– y permite la sistemática y generalizada violación de los DDHH».

Más pruebas de la infamia

Una prueba categórica del contubernio fuerzas armadas-«paracos» fue suministrada por las FARC al revelar el número de la libreta militar de paramilitares muertos, así como el destacamento militar o policial en que revistaban (por ejemplo, Batallón Junín, Macheteros del Cauca, Brigada Especial Móvil). Estas tropas –que además utilizan las instalaciones del ejército– cambian de color según la ocasión.

También recepcionan la ayuda militar de EEUU, que se volcó asimismo en la formación, adiestramiento y financiación de batallones especiales (boinas verdes) para la «lucha antiterrorista», sin olvidar que el State Department contrata grupos de mercenarios con empresas privadas y que se han activado las bases militares que cercan Colombia: Manta en Ecuador, Aruba y Curaçao, Vieques (donde seguirán las maniobras militares, a pesar del rechazo de los puertorriqueños), además de la de Tres Esquinas.

Ahora lo que se sitúa al orden del día es la intensificación de la intervención militar directa, bajo el marbete de la «guerra antiterrorista» mundial. *