El terrorismo paramilitar ensangrienta Colombia

Antes y después que el presidente Pastrana prorrogara la zona de distensión las bandas paramilitares desataron una ola de crímenes, asesinando parlamentarios y poblaciones campesinas.

Cuentan con la complicidad de los mandos superiores del ejército. Voceros norteamericanos dicen que después de Afganistán, el blanco será la zona de El Caguán y las FARC, todo bajo el manto de la lucha contra el «terrorismo».

 

Un baño de sangre

 

El último hecho cuyo horror estremeció el mundo en este período de horrores fue la masacre del 10 de octubre por parte de bandas paramilitares de 51 integrantes de familias campesinas en los poblados de La Habana y Alaska de la zona rural de Buga, departamento de Valle, en el suroeste. Previo a la trasmisión de estas imágenes se advirtió que podían herir la sensibilidad del televidente. Era un cuadro dantesco, como el que dejaron los yankis en My Lai. El comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, intentó exculpar a los paramilitares, pero los sobrevivientes, ante todo las mujeres, los acusaban entre llantos desgarradores. Los «paracos» irrumpieron en las fincas, sacando a sus moradores, a otros los bajaron de autobuses, separaron a los hombres y los ametrallaron a mansalva. Allí quedaron los cuerpos tendidos, sin que ese día llegara ninguna autoridad.

Para tener idea cabal de la bestialidad desatada, hay que conocer en sus detalles el asesinato el día 2 del parlamentario Octavio Sarmiento Bohórquez. Era congresista por el departamento de Arauca, había sido intendente y candidato a la gobernación y también vicepresidente nacional de la Unión Patriótica. Los paramilitares, después de matarlo, le cortaron las manos y lo degollaron, secuestraron a su hermano Fortunato (cuyo destino se ignora) y mataron a su amigo, el comerciante Marcos Vega y a su hijo Antonio. Fue un crimen anunciado por el propio Carlos Castaño, cuyas bandas con más de mil hombres se desplazaron desde Puerto Rondón (departamento de Casanare) hacia Arauca a plena luz del día, en medio de una de las mayores y despejadas llanuras del país, cometiendo asesinatos y depredaciones por el camino, disfrutando siempre de total impunidad. Cercaron la finca de la víctima, y después robaron 1.200 reses. En el entierro, ante 5.000 personas y el propio ministro de Defensa, Gustavo Bell, la viuda acusó a los paramilitares como culpables y al ejército como cómplice, de lo cual se hizo eco en el Congreso la senadora Piedad Córdoba.

El 8 de octubre, cuando Pastrana anunciaba la prórroga de la zona de distensión, era asesinado en Bogotá el parlamentario liberal Luis Alfredo Colmenares, también de Arauca. El ministro del Interior, Armando Estrada, condenó el crimen y dijo que era obra de «un comando paramilitar de extrema derecha». El asesinato de ambos ex congresistas de Arauca se vincula a la ofensiva de las bandas paramiliares de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso para asumir el control total del departamento.

 

La VIª División

 

Para ello cuentan con la complicidad militar y policial en la zona, donde hay un hombre armado cada 17 habitantes. La Human Rights Watch denuncia en un informe publicado el 4 de octubre bajo el título «La ‘Sexta División': Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia» que unidades de las fuerzas armadas y de la policía de Colombia continúan promoviendo, colaborando, apoyando, beneficiándose y tolerando a los grupos paramilitares, vistos como una fuerza aliada y compatible con la suya; y que EEUU financia a unidades militares implicadas en graves abusos contra civiles.

La «Sexta División» es una expresión referida a los paramilitares, considerados como parte adicional del ejército (que cuenta con cinco divisiones). Es algo así como la Quinta Columna en la guerra de España. El informe se concentra en tres brigadas: la 24ª, con sede en Putumayo; la IIIª, en Cali y la Vª, en Bucamaranga. Los llamados «batallones antinarcóticos» del ejército, financiados y entrenados por EEUU, trabajan en coordinación con estas brigadas. Muchos de los soldados de éstas están empleados a medio tiempo como paramilitares, mientras grupos paramilitares enteros se instalan en bases del ejército y usan transporte militar. Esto se acentuó desde que Clinton anuló las condicionantes de Derechos Humanos para la ayuda a Colombia.

 

De Afganistán a El Caguán

 

El 5 de octubre se firmó el acuerdo de San Francisco de la Sombra, en el área rural de San Vicente del Caguán, entre el gobierno y las FARC, sobre cuya base se situó al orden del día la discusión de la tregua, el cese de fuego y hostilidades, principalmente. El acuerdo cuenta con el apoyo de un vasto sector de opinión favorable a una solución negociada, y también de embajadores de países extranjeros que han oficiado como garantes.

Pero hay poderosas fuerzas, dentro y fuera del gobierno, y también en el exterior, que quieren derivar la situación hacia otros cauces.

Al respecto citamos (ver la nota del día 4) la opinión de voceros del State Department y de la Comisión de Inteligencia del Senado. Esta gente anhela que después de no dejar piedra sobre piedra en Afganistán, EEUU dirija sus bombas y misiles sobre el Caguán.*