La encrucijada colombiana
por Niko Schvarz
Los industriales colombianos seguían los pasos de los grandes empresarios estadounidenses, incluidos los de algunas firmas internacionales recientemente fusionadas, que concitaron la atención mundial visitando días pasados esta región e intercambiando opiniones con el líder histórico de las FARC.
La protesta social
Las marchas reunieron el día 16 a varios cientos de miles de manifestantes en Bogotá y las 20 principales ciudades, al llamado del Comité Nacional del Paro que agrupa junto a los trabajadores y su Central Unitaria CUT a organizaciones de capesinos, indígenas, mujeres, estudiantes y otros sectores.
Estos rechazan los proyectos económicos que el gobierno elevará al Congreso en cumplimiento de los acuerdos suscritos con el EMI, los cuales reforman el régimen laboral y el sistema impositivo en detrimento de los asalariados al tiempo que aumentan en tres años la edad mínima para acceder a la jubilación (de 62 a 65 años para los hombres y de 57 a 60 para las mujeres).
El paro nacional del 16 de marzo se inscribe en una serie de movilizaciones que viene desarrollando desde hace años, en forma coordinada, el movimiento sindical con organizaciones sociales múltiples, sobre el telón de fondo de la crisis estructural de Colombia. De sus 32 millones de habitantes, 22 viven en la pobreza, entre ellos 6 millones en la indigencia. La desocupación alcanza 22% (la más alta del continente), hay 2 millones de desplazados por la guerra, baja el ingreso de los hogares, cerraron 35 mil empresas, la privatización ataca los sectores eléctrico y energético, la educación y la salud están en estado de emergencia y el gobierno restringe los gastos en esas áreas porque destina la mitad del presupuesto al pago de la deuda pública y al sostenimiento de la guerra.
Es para revertir esta situación que la clase obrera organizó cuatro paros generales en el último año y medio, entre ellos el gran paro cívico del pasado 31 de agosto que unió al movimiento sindical, transportistas, sectores campesinos e indígenas en torno a un pliego de 42 puntos que vinculan el cambio de la política económica con el proceso de las negociaciones por la paz, y que se proyecta a la conformación de un Foro Alternativo que congregue a las fuerzas sociales y a las organizaciones de izquierda.
Coincidencia programática
El paro fue otro jalón de esta movilización sistemática de partidos y grupos sociales que entrelazan las reivindicaciones económicas con la lucha contra la violencia, en defensa de los derechos humanos y por consolidar una solución negociada al conflicto armado.
Se ha destacado con razón que el reclamo de soluciones económicas contra la receta del FMT coincide con la agenda de 12 puntos establecida entre el gobierno y las FARC para las negociaciones de paz, que se inician oficialmente el 9 de abril. En efecto, los puntos 5, 7 y 8 de la agenda aluden, respectivamente a la estructura económica y social, a las reformas políticas para la ampliación de la democracia y a las reformas del Estado.
Bastó este elemento para que se intentara desvirtuar el contenido de la última movilización, atribuyéndole el carácter de un paro armado que afectaría a las refinerías, por ejemplo, según bulos echados a correr por sectores militares y por el gobernador de Cundinamarca. El desmentido rotundo de las FARC a este respecto, en vísperas del paro, no obstó a que el globo se siguiera inflando.
Doble manipulación informativa
Este es apenas un botón de muestra de la manipulación informativa que se viene practicando en torno al conflicto colombiano.
Veamos otro ejemplo. El lunes 13 se anunció que Francisco Santos, jefe de redacción de «El Tiempo» y a la vez impulsor de una campaña contra los secuestros que había reunido millones de firmas, abandonaba el país con su familia por haber sido objeto de amenazas contra su vida. Este era el hecho.
¿Cómo lo presentaron los canales internacionales de TV? Mostraron imágenes del periodista en el diario, mientras una voz contaba la historia. E inmediatamente después, sin transición, exhiben la filmación de un destacamento de las FARC con uno de sus jefes hablando (pero sin que se oiga su voz), mientras un título sobreimpreso especifica que se trata de un campamento guerrillero. Por yuxtaposición de imágenes –técnica más vieja que el agujero del mate– se procura inducir la idea de que lo segundo es la causa de lo primero, que el periodista emigra porque las FARC lo amenazan.
Curiosamente –o no– los diversos canales repiten esa sucesión de imágenes.
Se trata de una falsedad total. No sólo las FARC lo desmintieron en un comunicado especial, sino que por brevísimos segundos llegó a verse en la pantalla al comandate Raúl Reyes negando totalmente la versión. Pero esta imagen apareció una única vez. Y por dos días consecutivos se siguió machacando con la sucesión de imágenes arriba descrita.
Paramilitares en acción
El vocero de las FARC fue eliminado de la TV. Y eso que es un participante destacado en el diálogo de paz que, a pesar de las presiones en contra del gobierno de los EEUU y de la ultraderecha colombiana, sigue su curso. Acada de viajar a Suecia, Noruega, el Vaticano e Italia para exponer junto a los delegados del presidente las características de dicho diálogo.
Precisamente, se arma todo este tinglado para abortar el proceso de paz y hacer prevalecer la solución militar. Y para tapar los atentados de las bandas asesinas de los paramilitares.
Le correspondió también a Raúl Reyes denunciar –aunque esto tampoco lo mostró la TV– que las actividades acrecentadas de los paramilitares forman parte de «una política de Estado, practicada por el sector fascista del ejército y apoyada económicamente por algunos políticos, latifundistas y grandes empresarios». Este es el otro factor que empuja a la guerra.
La otra vía –incluido el paro del jueves– es la que conduce a la solución pacífica negociada. Tal es la cruz de los caminos que se abre hoy ante Colombia.
Te recomendamos
¿inocentes?
Argentina: Adorni, Angeletti, Sturzenegger y Espert se acogen al régimen de “inocencia fiscal”
Lejos de dar explicaciones sobre los orígenes opacos de sus dineros, los funcionarios del gobierno de Milei se acogieron a una ley —diseñada y aprobada por el mismo gobierno— para quedar totalmente impunes.
Compartí tu opinión con toda la comunidad