Colombia paralizada por "Comité Nacional del Paro"

Bogotá, AFP

Bajo severas medidas de seguridad para evitar eventuales acciones de las guerrillas izquierdistas, los trabajadores estatales colombianos paralizaron actividades ayer , en el marco de una protesta de 24 horas contra el gobierno del conservador Andrés Pastrana.

La protesta fue convocada por el llamado «Comité Nacional del Paro», una instancia que reúne a organizaciones de indígenas, campesinos, mujeres, estudiantes y trabajadores, para reclamar específicamente por tres proyectos que Pastrana ha anunciado enviará al Congreso.

Sin otros eventos programados, la protesta se limitó a la realización de marchas en Bogotá y las veinte principales ciudades colombianas, a las que concurrieron unos 300.000 trabajadores, según los sindicatos.

Las marchas «se cumplieron en una relativa calma», dijo el ministro del Interior, Néstor Martínez, y tan sólo con incidentes aislados en Medellín (noroeste), segunda ciudad y polo industrial del país, y el puerto de Barrancabermeja (noreste), sede de la principal refinería.

«Quienes especularon con un paro armado perdieron su apuesta», señaló Martínez aludiendo a una declaración del gobernador de Cundinamarca (centro), Andrés González, y mandos militares que previamente denunciaron que la guerrilla había decretado un «paro armado» (acciones violentas para promover la parálisis).

La propia guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas) desmintió el miércoles estas versiones sobre el «paro armado», después que los sindicatos les exigieron a los rebeldes respetar su derecho a protestar en forma civil, sin el uso de armas.

Horas antes del inicio de la protesta, un grupo de pistoleros disparó contra el dirigente sindical Iván Franco Hoyos en el balneario caribeño de Cartagena (costa norte). En otros hechos violentos, que el gobierno dijo no tienen relación con la protesta, las FARC atacaron el pequeño poblado de Salento, en la región cafetera de Quindío (centro-oeste) y estallaron tres petardos contra cajeros electrónicos en la ciudad de Cali (suroeste).

Los sindicatos y organizaciones sociales piden que el gobierno discuta con ellos los proyectos de ley que reforman los regímenes laboral, de pensiones e impuestos, antes de llevarlos al Congreso en cumplimiento de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diciembre pasado.

Para los sindicatos el proyecto recorta las pocas garantías de que aún gozan los trabajadores colombianos, tras las reformas sufridas en la última década.

La ministra de Trabajo, Gina Magnolia Riaño, reconoció que la reforma pensional que el gobierno se propone presentar, aumentará en tres años la edad mínima para obtener derecho a la jubilación, de 62 a 65 años para los hombres y de 57 a 60 años para las mujeres.

Riaño dijo que el gobierno está dispuesto a tratar estos temas con los trabajadores, pero sin que medien medidas de presión y lamentó la decisión de los sindicatos de convocar el paro, anunciando que el día no laborado será descontado de los salarios.

«El problema para nosotros es que el gobierno maneja una doble moral, pues por un lado dialoga con la guerrilla sobre estos temas, mientras que no lo hace con nosotros porque no estamos armados», explicó a la AFP, Luis Eduardo Garzón, presidente de la principal confederación sindical del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, socialdemócrata).

Los temas sobre el modelo de desarrollo económico ocupan el justamente el primer lugar en la agenda de negociaciones acordada entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, y cuya discusión debe comenzar el próximo 9 de abril.

Como ambientación a ese debate, representantes de los tres principales conglomerados empresariales del país acudirán el viernes a la «zona de distensión» de 42.000 km