Fosas comunes conmocionan a peruanos

Fosas comunes con restos humanos continúan «brotando» en los Andes peruanos, en momentos en que una Comisión de la verdad se apresta a denunciar violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en los últimos 20 años.

Tres fosas clandestinas, con siete personas, entre ellas una mujer embarazada y sus cuatro hijos, fueron descubiertas el miércoles en el empobrecido distrito de Andamarca, departamento de Junín, unos 400 kilómetros al este de Lima, donde tuvo un intenso accionar la guerrilla de Sendero Luminoso.

Los desentierros causaron conmoción entre los pobladores de Andamarca, al confirmar la muerte de Irma Juscamayta (39 años) y sus cuatro hijos, de 12, 9, 7 y 6 años, a quienes consideraban desaparecidos.

Otras dos fosas, con los restos de un adolescente y un ganadero, fueron localizadas en las zonas de Pumabamba y en la cercanías de la carretera Runa Tullo, también en el distrito de Andamarca.

Según testimonios recogidos en la zona, la mujer y sus cuatro hijos fueron asesinados por ronderos (campesinos armados por el Ejército para combatir a los guerrilleros).

La Comisión peruana, creada en junio, establecerá los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas desde mayo de 1980, cuando se alzó en armas el maoísta grupo Sendero Luminoso.

El accionar terrorista en Perú decayó a partir de 1992, cuando fueron capturados Abimael Guzmán y Víctor Polay, los líderes máximos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y quienes purgan cadena perpetua condenados por «traición a la patria».

Los primeros casos atendidos por la Comisión, a pedido de los familiares de las víctimas, son los ocurridos en las zonas de Cayara y Accomarca (sudeste andino del país), donde tuvieron lugar matanzas de pobladores atribuidas al Ejército a mediados de la década del ’80.

Sólo en Cayara fueron asesinados al menos 50 campesinos el 14 de mayo de 1988, durante el gobierno del socialdemócrata Alan García Pérez.

La comisión aseguró que «no aplicará sesgos» para comenzar las investigaciones eligiendo determinados hechos ocurridos durante los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), de Alan García Pérez (1985-1990) y de Alberto Fujimori (1990-2000).*