Arresto domiciliario para ex presidentes de Ecuador

La decisión del gobierno ecuatoriano de autorizar por decreto el arresto domiciliario para ex presidentes, ex vicepresidentes y magistrados profundizó la crisis política y social que soporta Ecuador, dijeron el jueves dirigentes políticos y analistas locales.

La norma establecida en un decreto firmado por el presidente Gustavo Noboa y publicada en el Registro Oficial como nuevo Reglamento Sustitutivo del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social puso el dedo en la llaga a la vez que surgieron divergencias políticas y sociales en todo el país.

Las primeras divergencias se hicieron patentes al ampliarse las distancias entre el gobierno y la Izquierda Democrática (socialdemócrata) y el Partido Social Cristiano (PSC, derecha), que anunció que pedirá al Tribunal Constitucional una declaratoria de inconstitucional de la medida.

Según el secretario de la Administración Pública (ministro de la Presidencia), Marcelo Santos, los ex presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, que se encuentran sindicados de varios delitos y que permanecen en el exterior tras haber sido derrocados, podrían regresar a Ecuador bajo el arresto domiciliario.

Esta posibilidad creó un sentimiento de descontento político y social que se acrecentó a través de protestas ciudadanas y se llegó incluso a acusar al presidente Noboa de «estar pagando algunos favores».

«Con la promulgación de este reglamento no se trata de beneficiar a nadie», observó Santos, aunque admitió que Bucaram, Mahuad y el ex vicepresidente Alberto Dahik podrán volver, no en calidad de amnistiados, sino para ser juzgados, sentenciados o absueltos.*

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