La Justicia dice que no se pueden rebajar sueldos

La Justicia argentina declaró «admisible» la acción de amparo promovida por una empleada pública contra el ajuste en el sector estatal y ordenó al gobierno que en «el plazo de cinco días remita informes acerca de los fundamentos del decreto» que establece el ajuste, se difundió ayer en los tribunales porteños.

La jueza laboral Graciela Lucía Craig hizo lugar a la medida cautelar interpuesta la semana pasada por Nélida Soto, empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), contra la rebaja del 13% de los salarios (igual jubilaciones) decidido por el gobierno de Fernando de la Rúa el 11 de julio en su cruzada por alcanzar el déficit cero.

«Se entiende que la protección de sus eventuales derechos no puede ser obtenida por otra vía que no sea la acción de amparo», justificó la letrada en su resolución.

Plan atenuado

En forma paralela se conoció este lunes que el gobierno aceptó atenuar el impacto social de ese plan, aunque sin cambiar su meta de déficit fiscal cero, acordada con casi toda la clase política y negociar con el Parlamento.

La noticia de la reformulación del ajuste fue confirmada por el secretario general de la presidencia argentina, Nicolás Gallo.

Este funcionario explicó que, «básicamente, se consensuaron (entre el Gobierno y los bloques parlamentarios de la gobernante Alianza) algunas ideas para poder levantar el ‘piso’ salarial de jubilados y estatales» afectados por la reducción.

El decreto del gobierno, por iniciativa del ministro de Economía, Domingo Cavallo, fijó un nivel de 300 pesos (igual en dólares) a partir del cual se aplicaría la poda del 13% en los salarios los estatales y las jubilaciones.

Pero el nuevo acuerdo entre el gobierno y los legisladores de las bancadas de la Alianza gobernante reubicarían en 1.000 pesos el ‘piso’ salarial sobre el cual se aplica el recorte, admitió Gallo.

Una canasta básica de supervivencia en Argentina está calculada en unos 1.500 pesos para una familia tipo, con dos hijos.*