Algunas contradicciones

El Acuerdo de los Pozos, firmado entre el presidente de Colombia y el comandante en jefe de las FARC Ejército del Pueblo, el 9 de febrero de 2001, establece en el punto, Nº6: «Se agilizará la concreción del acuerdo humanitario que permita la próxima liberación de soldados, policías y guerrilleros enfermos».

Con lo que expresaron plena disposición política de las partes para buscar caminos de encuentro y lograr la liberación de los combatientes privados de la libertad, con problemas de salud.

Convenir los pormenores de un acuerdo de esa naturaleza no era tarea fácil, dadas las presiones contra el Gobierno de los eternos adversarios de las salidas negociadas y por el propio hecho de representar cada una de las partes, concepciones diametralmente opuestas, propias de los intereses de clase que cada una representa.

Lo que explica que sólo el día 2 de junio, luego de difíciles discusiones en la mesa sobre intercambio de prisioneros, se logra firmar el acuerdo humanitario con el que recuperan la libertad 55 hombres del Ejército y la Policía capturados en combate. Así como 15 guerrilleros de las FARC-EP, con serios quebrantos de salud, privados de la libertad por las autoridades gubernamentales.

De otra parte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo toman la decisión unilateral de devolver al Gobierno nacional más de 100 integrantes de la fuerza pública, en generoso gesto de buena voluntad hacia la paz con justicia social anhelada por más de 30 millones de colombianos.

Al expresar el camarada Marulanda la complacencia de la organización guerrillera por la firma del acuerdo humanitario con el Estado y el Gobierno, manifestó ante la prensa que la firma del primer acuerdo en lo que va de diálogos con la actual administración deja abiertas las posibilidades de llegar a otros acuerdos, también en la Mesa de Diálogos para fortalecer la confianza en la reconciliación nacional.

La especial trascendencia política de conseguir por primera vez la firma del histórico acuerdo humanitario, en el que las FARC-EP aportaron gran iniciativa política, perseverancia, generosidad y paciencia, explica su carácter revolucionario e incuestionable compromiso con las salidas diferentes a la guerra a cada uno de los innumerables problemas que gravitan sobre la sociedad colombiana.

Sin embargo, la actitud del Estado y del Gobierno es la misma de siempre: violentar cada día más a los trabajadores y al pueblo en general con medidas represivas y privatizadores, como es el acto legislativo 012 o ley de transferencias y la ley 81 o ley de guerra, con las que golpean directamente a los sectores de la salud y la educación. Haciendo uso de la intolerancia y la prepotencia, conocido instrumento de los gobiernos de turno en los últimos 50 años.

Donde el ministro de Hacienda, con la Cámara de Representantes en su bolsillo, en actitud amenazante impone sus voraces apetitos en el mayor desprecio por los derechos a la educación y la salud de todo un pueblo empobrecido y violentando por la clase política gobernante. Las consecuencias serán mayor desempleo, más niños y jóvenes sin el derecho a educarse, menos atención médica en hospitales y centros de salud y por consiguiente aumento del analfabetismo, de las enfermedades, más hambre y miseria para los sectores pobres de Colombia. Además de más represión y terrorismo de Estado.

Mientras paralelamente crecen los negociados, la corrupción y la politiquería en el seno de un Congreso de liberales y conservadores comprometido hasta la médula con los intereses de la política neoliberal de privatizar empresas, para privilegiar los beneficios del gran capital, en detrimento de los más elementales derechos de sus propios electores.

¿Será que ese proceder de quienes detentan el poder en Colombia se puede considerar un hecho de paz? ¿O será más bien la ratificación de la guerra desde los centros del poder, contra el pueblo trabajador? ¿Será que la voracidad de los corruptos y politiqueros los conduce a pensar que las mayorías de nuestra patria han perdido la dignidad y la capacidad de reclamar sus cercenados derechos? Grave equivocación.

Lo demuestran los paros de los trabajadores y cada una de las formas de lucha por la vida, los derechos y la libertad dadas en Colombia, desde la lucha armada revolucionaria por un nuevo régimen político, una nueva sociedad, un nuevo Estado y Gobierno de las mayorías, sin corrupción, ni politiquería, ni crímenes de Estado contra el pueblo colombiano. *