Rafael Videla en prisión por el Plan Cóndor

ISIDORO GILBERT

 

Videla seguirá detenido en su departamento del barrio de Belgrano y frustra una operación que sigilosamente se pergeñaba en instancias de la Suprema Corte de Justicia para librarlo del arresto domiciliario que ya cumple por el robo de bebés durante la dictadura.

La movida –que ya contaba con el apoyo de tres jueces– apuntaba a conseguir un fallo del Tribunal en el que se considere «cosa juzgada» la sustracción de niños a padres desaparecidos. La prensa local da por abortada la idea, que hubiera beneficiado a otros presos por el mismo delito, como el ex almirante Emilio Massera,.

El Plan Cóndor fue implementado por las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia en los años 70, para perseguir y eliminar a presuntos «terroristas» y disidentes. Fue impulsado por Chile durante la dictadura de Pinochet, de la mano de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), e incluyó a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y a la Secretaria de Inteligencia local, SIDE.

En la lista de las víctimas figuran el general Carlos Prats –asesinado en Buenos Aires– y el ex canciller Orlando Letelier, ambos funcionarios del gobierno de Salvador Allende. También los dirigentes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otros.
Cuando el 20 de junio fue indagado por el Plan Cóndor, Videla se había negado a declarar, por considerar que estos reclamos son «cosa juzgada».

La defensa del ex dictador sostiene que a partir del juicio a las juntas militares (1984-1985), los ex comandantes no pueden volver a ser juzgados por ninguna de las acciones ordenadas por la dictadura. Pero un amplio espectro de juristas considera que tanto el robo de bebés como el Plan Cóndor son hechos nuevos que nunca fueron juzgados, y no prescriben.

Videla fue condenado por homicidios, secuestros y torturas, y estuvo detenido hasta 1990, cuando el ex presidente Carlos Menem lo indultó, junto a otros jefes militares y desde hace casi tres años está arrestado en su domicilio por su participación en la sustracción de menores, hijos de desaparecidos. Por el Plan Cóndor, Canicoba Corral pidió la extradición del paraguayo Alfredo Stroessner y del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y la captura internacional de tres militares y un policía uruguayos, acusados de haber encabezado más de veinte secuestros en Buenos Aires, en 1976.

Pese a las presiones de sectores derechistas, diferentes instancias de la Justicia adoptan el mismo criterio de los jueces que ya analizaron el planteo: que la desaparición forzada de personas no prescribe. Habrá apelación. Según Página/12, la Corte «no quiere pagar el precio político de liberar a Videla».*