Algo más sobre el juicio a Milosevic

Por imposición de EEUU y de la OTAN –que son los que mandan– el Tribunal Penal Internacional de La Haya va a mantener el juicio a Milosevic en el candelero por un dilatado período. Conviene saber exactamente de qué se trata, y en ese sentido agregaremos algunos datos a nuestra nota del día 6.

Impunidad para los yankis

El propio Tribunal es de una ilegalidad flagrante porque Estados Unidos –que hace y deshace a su antojo en ese ámbito– dictamina quiénes pueden ser juzgados y quiénes no, empezando por excluir a los ciudadanos en forma expresa. Se arroga al respecto un derecho de veto. Un corresponsal italiano sostiene que «mientras los Henry Kissinger y los Ariel Sharon sean inmunes, un tribunal como el de La Haya pierde cualquier credibilidad política internacional y se perfila como un organismo ilegítimo». Queda claro que uno de sus objetivos es salvar de la condena a los bombardeadores de la OTAN, a sus jefes militares y civiles del gobierno de EEUU y sus cómplices, que desde fines de marzo al 10 de junio de 1999 perpetraron durante 78 días un genocidio sistemático en Yugoslavia.

Esto se comprueba por un hecho adicional: la incriminación a Milosevic se produjo el 27 de mayo de 1999, es decir, en medio de la escalada de bombardeos diarios que fueron destruyendo los centros vitales del país y masacrando a la población. Subsidiariamente, se proponen evitar las acusaciones a EEUU y la OTAN por armar y financiar a las bandas paramilitares albano-kosovares de la UCK de Hashim Thaci y a sus primos hermanos del ELN que opera hoy en Macedonia. Y de paso, también impedir que prospere la querella contra la OTAN presentada por familiares de las víctimas de los bombardeos, con el aval de personalidades de relieve mundial.

Los 30 dineros

Para detener, extraditar y trasladar a Milosevic en aviones de la OTAN se violaron todas las normas constitucionales y legales, a saber: 1) la Constitución yugoslava, que no lo permite; 2) la resolución expresa de la Corte Constitucional; 3) la decisión de los parlamentos respectivos; 4) la opinión del presidente Vojislav Kostunica, quien declaró que «la entrega es ilegal e inconstitucional», que el Tribunal aplica «una justicia selectiva», marcada por «prejuicios contra los serbios», abogando por un juicio en el país. Los cables hablaron de «una maniobra furtiva» para proceder a la extradición, comprando la complicidad del primer ministro de Serbia, Zoran Djindjic.

Van surgiendo a luz elementos coadyuvantes. Un diálogo entre Djindjic y Kostunica el día de la extradición (28 de junio) publicado en Corriere della Sera demuestra la presión ejercida hasta último momento por el embajador de EEUU en Belgrado, William Montgomery. Unas horas antes Djindjic (el Judas de esta historia) le había dado garantías en ese sentido al secretario de Estado Colin Powell, según lo revela la revista norteamericana Time. Esta cita también al ex embajador plenipotenciario de EEUU, David Scheffer, según el cual el procedimiento «va a la velocidad de la luz».

También quedó archiprobado que todo el operativo, incluso la fecha elegida, configuró un chantaje por 1.280 millones de dólares (una pequeñísima parcela de las destrucciones en Yugoslavia, estimadas por el Washington Post en 50 mil millones), consumado el 29 de junio en Bruselas, sede de la OTAN. La citada revista dice que «la administración Bush advirtió que sólo se presentaría (en Bruselas) si Belgrado daba señales claras de su voluntad de entregar a Milosevic», agrega que «la postura de las autoridades estadounidenses y europeas ha sido firme. La ayuda financiera estaba supeditada a la cooperación con el tribunal internacional», y remata con este pasaje: el viernes 29 de junio, cuando Milosevic ya estaba en La Haya, «el viceprimer ministro yugoslavo Miroljub Labus se expresó con una claridad brutal. ‘Nosotros cumplimos’, dijo en la reunión de los países donantes. ‘Ahora es su turno’. Los gobiernos reunidos respondieron con promesas de ayudas por valor de cerca de 1.300 millones de dólares».

Ramsey Clark en escena

Entre los expertos en derecho internacional que están llegando a La Haya para colaborar en la defensa de Milosevic figura el norteamericano Ramsey Clark. Este era «general attorney», procurador general de Justicia en el gobierno de James Carter, cargo al cual renunció en una actitud de defensa intransigente de los derechos humanos, dedicándose luego a sostener esta causa por el mundo. Lo conocimos en 1980 en Teherán, cuando participaba en el Congreso mundial contra los crímenes del imperialismo norteamericano en Irán, a partir del golpe de Estado contra Mossadegh (1953). El movimiento encabezado por el ayatolá Jomeini había triunfado en 1979, el sha se mandó mudar bajo protección norteamericana (de Kissinger en particular), en noviembre los estudiantes ocuparon la embajada yanki en Teherán, tomaron de rehenes a sus funcionarios y demostraron documentos en mano la conspiración de la CIA contra Irán. En abril 1980 un operativo de la fuerza aérea USA para rescatar militarmente a los rehenes fracasó. Poco después se reunió el Congreso.

En su transcurso Ramsey Clark fue a la tribuna, expresó su acuerdo con la denuncia de los crímenes de sucesivos gobiernos de EEUU (allí y en otras partes), pero tuvo la valentía de proclamar, frente a un auditorio enfervorizado, que no era justo mantener a los rehenes presos en la Embajada y que éstos debían ser liberados.

Tal es el perfil ético del personaje que aparece ahora en el juicio a Milosevic. *