Los documentos de la represión

La inesperada novedad la reveló el matutino «Página/12″, aunque citó por dos días trascendidos. De todos modos, la información no fue desmentida por el Ejército y provocó un revuelo. Personalidades de organismos defensores de derechos humanos han advertido que la búsqueda de material tan importante no puede resolverse en una jornada y menos aún sin utilizar una metodología que sólo conocen los expertos. Otros temen que el propósito sea dar un «punto final» a la existencia de papeles sobre el trágico pasado argentino.

El destino de la documentación será la Justicia Civil, previo paso por el Estado Mayor del Ejército, que centralizará los hallazgos. «Cada jefe deberá cumplir con la orden, porque si después del jueves aparecieran documentos en su unidad ese jefe será el responsable por no haberlos denunciado», dice el diario. Brinzoni sucede a Martín Balza, el general que autocriticó la actuación del Ejército en los años del terror, pero que nunca encontró ningún documento que diera pistas sobre la suerte de los miles de «desaparecidos».

Antes de que volviera el país a sus instituciones normales, el alto mando del final de la dictadura, ordenó incinerar todo papel comprometedor. Pero el último jefe del Ejército de esos días, el general Cristino Nicolaides, jura que dejó guardado una copia de todo lo que se mandó desaparecer. E incluso pidió procesar a Balza por «falso testimonio».

Además el alto mando del actual Ejército ha pedido el ascenso a grado de general de seis coroneles acusados por violar los derechos humanos, de acuerdo a la documentación de las organizaciones independientes que archivaron todos los antecedentes de la represión. Con todo, el propio presidente, Fernando de la Rúa reclama al Senado Nacional que se aprueben los pliegos requeridos.

El diario sugiere que los sitios clave a bucear serían el batallón 601 de Inteligencia, reestructurado hace años, y cuyo destino ha sido decidido por Brinzoni: eliminarlo; ya fueron despedidos centenares de agentes. El abogado Alberto Pedroncini reclamó al juez federal Adolfo Bagnasco, que sigue el caso de los bebés secuestrados en los campos de concentración, custodiar los documentos del 601, pero el magistrado no allanó ese edificio: pidió al Ejército que vigile los papeles, una extraña decisión.

Todo es útil

En el Hospital Militar de Campo de Mayo, otrora una gran unidad, y en la Policía bonaerense, ya se hallaron importantes papeles que están en manos de los jueces y que indican que la burocracia tomó apuntes de cada movimiento realizado en esos tiempos. Otro sitio donde se supone debe de haber antecedentes, es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ahora encabezada por un amigo de Fernando de la Rúa, Fernando de Santibáñez.

Pero éste como su antecesor en ese cargo, Hugo Anzorreguy, y todavía el anterior a este, Juan Bautista Yofre, han negado que allí hubiera quedado guardada documentación importante.

Se verá si esta búsqueda ordenada consigue avanzar en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido bajo la dictadura. O si es sólo un ejercicio de catarsis para que se cierren definitivamente los reclamos por los papeles de la infamia. Alicia Oliveira, la ombudsman porteña, persistente buceadora de papeles de esos tiempos, dice que cualquier documento burocrático sirve, incluso el más lateral.

La pista que siguió el poeta Juan Gelman para buscar a su nieta o nieto en cautiverio, luego del secuestro de su hijo y de su nuera, encontró su derrotero en un expediente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas donde figuraban los antecedentes del entonces capital Eduardo Cabanillas con su destino en el campo de concentración donde estuvieron secuestrados los infortunados jóvenes. Cabanillas fue alejado del servicio activo por Balza, cuando el vate difundió el pasado del general.

Además lo que no sirve para un caso puntual, puede ser útil para otro. Habrá que ver además qué respaldo dan a la búsqueda el Ministerio de Defensa y, especialmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos.