El gobierno apuesta a un "juicio moral"

La manifestación de fuerza que los militares exhibieron el viernes al regresar el ex dictador al país luego de 503 días de arresto en Londres, y el anuncio del ejército en cuanto a que no lo abandonará a su suerte, constituyeron un abierto desafío a la autoridad y a la democracia chilena, coincidieron en interpretar observadores nacionales e internacionales.

En este nuevo contexto y tras el fracaso de la Mesa de Diálogo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió hacerse parte del proceso por las 72 querellas presentadas en contra de Pinochet, determinación que había desechado ocho meses atrás cuando el ex dictador estaba detenido en Londres.

En el camino de hacer un juicio moral a Pinochet se apoya también, para los analistas, la decisión del juez Juan Guzmán de pedir el desafuero del senador vitalicio para poder imputarlo en el proceso.

Ministros del gobierno saliente de Eduardo Frei reconocieron a ANSA que más que una condena a Pinochet, para la sociedad chilena sería importante que los alegatos por el desafuero se televisaran.

«Junto con entregar una señal al país y al mundo de transparencia de la Justicia chilena, se da pie a que el caso se convierta, al menos, en una sanción moral», sostuvieron.

El Estado chileno demuestra así, afirman, que le interesa hacer justicia, pero en lo práctico significa que podrá tener acceso al sumario, pedir diligencias y, lo más importante, participar en los alegatos por el desafuero de Pinochet.

El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, coincidió al señalar que «el desafuero de Pinochet es lo máximo que la Justicia podrá lograr, y a lo más que se puede aspirar en este país».

«Las Fuerzas Armadas, y no sólo el Ejército –añadió– no van a dejar que se enjuicie a Pinochet. Esa imagen que se vio en el helipuerto del Hospital Militar, un sembrado de ametralladoras para impedir que alguien se le acercara, es la expresión más simbólica de que este personaje es intocable», dijo Caucoto.

El profesional, en declaraciones al diario La Nación, lamentó el apoyo del ejército a Pinochet y expresó su «profunda pena por el destino de este país y por lo que será la historia de esa institución».

Además de manifestar su plena confianza en los jueces de la Corte de Apelaciones –«el desafuero va», dijo– Caucoto consideró que «si no existiera este poder militar, este ente monolítico», el ex dictador, «no tendría ninguna escapatoria».

Pero «este poder militar es tan gravitante que ellos pueden generar un problema muy serio a la institucionalidad», concluyó.

En el entorno de Pinochet, la noticia de que el CDE se hizo parte del proceso en su contra fue recibida «con molestia», dice el diario La Tercera.Sin embargo, Marco Antonio Pinochet, hijo del ex dictador, declaró al mismo matutino: «Siempre dije que el único lugar en que se le podía hacer un juicio (a su padre) era en Chile, por lo tanto la familia lo acepta».

«Ahora se inicia nuevamente un proceso judicial que creo que sería más fácil si mi papá estuviera más joven, porque podría defenderse mejor.

Pero creo que hay que tomar buenos abogados, seguir una estrategia y demostrar que es inocente. Todo esto, siempre y cuando la Justicia sea independiente», añadió Marco Antonio.

En esta misma línea, el senador del opositor partido Renovación Nacional, Ignacio Pérez, denunció presiones indebidas sobre los tribunales, tanto de parte del gobierno como de los países europeos.

El parlamentario opinó que, si los jueces aplican justicia con «el expediente sobre una mano y la ley sobre la otra, el general Pinochet debería ser declarado inocente».