Se inició proceso para el desafuero

El juez Juan Guzmán, quien investiga 67 querellas por violaciones a los derechos humanos presentadas contra el general, ha pedido formalmente en la víspera a la Cámara de Apelaciones de Santiago el desafuero de Pinochet y espera una resolución para dentro de un mes.

«Estamos agradecidos por lo que hizo Guzmán», dijo Susana Cantillana, cuyo hijo Carlos fue ejecutado en 1988. «Es lo menos que se puede decir después de lo mucho que hemos esperado, de la tristeza que llevamos en el alma por tantos años, que este criminal sea juzgado», afirmó la mujer, mientras manifestaba este martes al frente del palacio presidencial y gritaba «No a la impunidad».

Pero ella, como los otros que perdieron a sus seres queridos durante el régimen militar, expresaron serias duras sobre la posibilidad de que Pinochet, de 84 años, sea sentenciado. «Ojalá lo desafueren, pero no creo que vaya a ser juzgado aquí», indicó a la AFP.

Pinochet enfrenta 67 querellas en Chile, incluyendo la presentada este martes por la desaparición y presunta ejecución de un dirigente de izquierda detenido una semana después del 11 de setiembre de 1973, el día del golpe de Estado que catapultó a Pinochet al poder.

Las víctimas y los grupos de defensa de los derechos humanos han manifestado su rechazo por la decisión del gobierno británico de liberar a Pinochet y no acceder a su extradición a España bajo cargos de tortura.

Sin embargo, ahora que el ex dictador ha regresado a casa, están presionando para lograr que sea juzgado por los tribunales chilenos.

«Estamos exigiendo que los jueces cumplan su juramento de defender la Justicia», dijo Alicia Lira, vicepresidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. En su pecho, la mujer llevaba la fotografía de su ex esposo que ella, dijo, fue «ametrallado» por la Policía de Pinochet.

Indicó que las protestas diarias que se realizan en Santiago contra Pinochet tienen el objetivo de asegurar que «nunca más en este país vuelvan a hacer lo que hicieron, torturar, asesinar, exiliar y encarcelar a la mayoría de los chilenos».

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Abel Matutes, dijo este martes que la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, necesitaría un «análisis por parte de los médicos» por su actitud contraria a España durante el proceso contra Pinochet.

En conferencia de prensa en Madrid, el canciller señaló: «Creo que la anciana señora Thatcher también merece un análisis por parte de los médicos», en referencia al gesto de la ex primera ministra británica, que el pasado jueves regaló a Pinochet, con motivo de su liberación, una bandeja de plata que conmemoraba la victoria inglesa sobre la Armada Invencible española en 1588.

«Aquí no ha habido ninguna victoria sobre la justicia colonial española», sentenció el jefe de la diplomacia española y destacó: «Quiero recordar que los tribunales británicos han ido sucesivamente dando la razón a las actuaciones judiciales españolas».

El juez chileno Juan Guzmán Tapia, a quien sus colegas califican como un hombre prudente pero firme, tiene en sus manos la suerte del ex dictador Augusto Pinochet, en un proceso hacia el cual se dirigen los ojos del mundo después que el anciano general logró escapar a la justicia en Europa.

Guzmán rechaza que los medios de comunicación le llamen el «Garzón chileno», en referencia al juez Baltasar Garzón que lleva el proceso contra Pinochet en España y cuya solicitud de extradición generó que el ex dictador permaneciera detenido durante casi 17 meses en Gran Bretaña, antes de ser liberado por razones humanitarias el jueves 2.

«Yo no soy el Garzón chileno», ha dicho Guzmán a la prensa, ante la cual sin embargo ha dejado en claro su convicción de que los delitos «deben ser juzgados en el país donde se cometieron».

De 60 años e hijo del poeta Juan Guzmán Cruchaga, Tapia ingresó al Poder Judicial en 1970, tres años antes del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende.

La carrera de Guzmán se inició como juez de letras (pleitos menores en asuntos civiles) en el poblado de Panguipulli, en una región agrícola al sur de Chile.

Luego fue magistrado suplente de un juzgado en el poblado campesino de Santa Cruz, a unos 150 km al sur de Santiago y de allí ascendió hasta ser ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Talca, también en el sur.

Bien considerado entre sus colegas, el nombre de Guzmán salió por primera vez a la palestra pública a mediados de los años 90, cuando acogió un recurso de protección que impidió la exhibición en Chile de la película «La última tentación de Cristo», de Martin Scorsese.