Chávez acusa a sindicalistas

La huelga, que apenas duró 11 horas, no logró entorpecer las operaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ni de las empresas mixtas que operan en la enorme industria de hidrocarburos, dijo el consorcio estatal.

Dirigentes sindicales, al anunciar la cancelación de la protesta, argumentaron que se vieron obligados a retroceder debido a la publicación el viernes de un decreto oficial que suspende por 180 días las negociaciones de contratos colectivos y ordena elegir nuevos sindicatos.

El decreto, aparecido el viernes en la Gaceta Oficial, donde se recogen las publicaciones legales del Estado, había sido aprobado de enero por una Asamblea Constituyente, poco antes de terminar sus funciones tras redactar una nueva Carta Magna.

La medida de «democratización sindical» establece la obligatoriedad de elegir nuevos jefes en los sindicatos, suspende por 180 días las discusiones de los contratos en el sector público y prohíbe despidos durante ese lapso.

Chávez aseguró que también fracasarán futuras presiones de este tipo.

Una pelea política

«Van a ser derrotados uno tras otro todos los llamados que hagan ustedes a huelga o a paro, porque los trabajadores venezolanos se cansaron de ser engañados», dijo el mandatario.

El trasfondo del conflicto es el enfrentamiento entre Chávez, un militar retirado que asumió en febrero de 1999, con los partidos tradicionales Acción Democrática y Copei, que han dominado estos sindicatos durante décadas.

Chávez reivindicó el fin de la incipiente huelga como un triunfo contra «las cúpulas sindicales podridas» y dijo que los dirigentes perdieron toda legitimidad y «están noqueados».

Prometió que PDVSA seguirá discutiendo un nuevo contrato colectivo después que se hagan unas elecciones con votación directa de todos los trabajadores.

Fedepetrol y Fetrahidrocarburos, las dos mayores federaciones de sindicatos de la industria que llamaron a la huelga, decían estar dispuestos a ir a elecciones si se aprobaba antes el contrato que beneficiaría a unos 50.000 trabajadores del sector.

Los sindicatos argumentan que el decreto persigue anular la oposición sindical y hacer elegir nuevas organizaciones afectas al gobierno.

La guerra sindical

Según Carlos Ortega, presidente de Fedepetrol, la más grande federación de sindicatos petroleros, los trabajadores podrían haber quedado al margen de la ley y perder sus empleos si continuaban con la huelga.

«Esta es una guerra, el inicio de una guerra, de una persecución terrorista, una guerra psicológica que se ha montado a los trabajadores petroleros y al resto de los trabajadores del país», dijo Ortega a periodistas.

De acuerdo con los dirigentes sindicales, 90 por ciento de los trabajadores de PDVSA y sus empresas contratistas y de servicios había acatado el llamado a huelga.

Según la petrolera, la cifra no llegó al 10 por ciento en promedio a escala nacional y nunca se vieron comprometidos los suministros a sus mercados ni en Venezuela ni en el exterior.

Venezuela es el tercer productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y uno de los principales suplidores en el mercado de Estados Unidos.