Extradición en trámite

Por Víctor Vaccaro – Corresponsal en Chile

 

El exhorto con que la jueza bonaerense María Servini de Cubría reclama la captura y el traslado del desaforado senador vitalicio ingresó anoche a la Corte Suprema, la que posiblemente hoy mismo la traslade al ministro Rodríguez, a cargo del proceso por extradición, quién había postergado una definición a la espera que el tribunal argentino le confirmara si los requeridos tenían calidad de procesados, es decir pesaban sobre ellos presunciones suficientes de culpabilidad.

Junto a Pinochet, los tribunales trasandinos reiteraron también la demanda de detención y traslado a Buenos Aires del ex director de la DINA Manuel Contreras, los altos oficiales del Ejército en retiro Pedro Espinosa, Jorge y Raúl Iturriaga Newman, José Zara y la ex agente Mariana Callejas, esposa del asesino por encargo Michael Townley, todos encausados por asociación ilícita y doble homicidio agravado del general Prats y su esposa.

Ahora el integrante de la Corte Suprema designado para pronunciarse sobre la extradición deberá decidir si la concede, como lo establecen los tratados judiciales cuando se trata de chilenos implicados en un crimen cometido en Argentina, o acoge los alegatos de la defensa en el sentido que los plazos de juzgamiento estrían extinguidos, cuestión que en Argentina se descartó por tratarse de un acto de terrorismo internacional.

La reactivación del juicio para la extradición de Pinochet relegó a un segundo plano la propuesta que el fiscal de la Corte de Apelaciones Raúl Rocha formuló a la quinta sala de ese tribunal superior acogiendo la petición de sobreseimiento temporal por motivos de salud que planteó su defensa al juez Guzmán.

La parte querellante le restó importancia a esa recomendación por tratarse de un informe no vinculante, que los magistrados pueden o no tomar en cuenta.

La abogada acusadora, Carmen Hertz, reiteró a este corresponsal que «la demencia subcortical diagnosticada a Pinochet en la legislación chilena no es un eximente de la responsabilidad penal» y que el juicio a Pinochet ha tenido en cuenta y respetado escrupulosamente todos los requisitos del debido proceso, por lo que los querellantes confían en que la sala penal ratifique los claros pronunciamientos de los plenos del Tribunal de Alzada y de la Corte Suprema respecto a la participación del inculpado en los hechos investigados.

También pasó a un segundo plano el cumplimiento inmediato de la orden dictada por la misma Quinta Sala para que se cumpla sin más tardanza con la filiación judicial del reo Pinochet, que fue postergado en cuatro ocasiones por maniobras dilatorias de sus abogados, quienes pretendían «evitarle esa vergüenza» a su cliente.

Hasta el despacho de esta nota no había noticias sobre el cumplimiento de una diligencia administrativa que deben cumplir todos los procesados, aunque en círculos forenses se insistía en que el trámite será realizado por la Fiscalía Militar sin la presencia del inculpado, utilizando las huellas dactilares y fotos del ex dictador que posee el archivo del Servicio de Identificación y Pasaportes.